Trigésimo cuarto aniversario de la Proclamación de S.M. el Rey

Es fácil, desde la distancia, criticar lo que se hizo mal en aquellos momentos tan delicados. La situación en España era más que compleja al fallecer el General Franco y con él todo su régimen autoritario. Su Majestad el Rey hizo una gran labor, y quizás por las presiones de todos los grupos implicados en el cambio político, no tuvo otra alternativa. Aún así, no está de más analizar algunos puntos con una visión crítica.

Hoy hace treinta y cuatro años de la proclamación de Su Majestad el Rey. Lejos quedan los años de cambio y transformación en España que dieron tanto impulso a una sociedad renovada. Lejos quedan también los años del consenso y del espíritu democrático.

Felices fueron los años en los que S.M. el Rey aún pintaba algo, porque durante los primeros años posteriores a la muerte del General Franco todo el poder estaba en manos del Rey, y el Rey supo administrar bien el legado recibido del régimen anterior, pues entregó el poder al pueblo, o para ser más exactos: a los representantes del pueblo.

Y hemos aquí el problema de las democracias actuales en Europa: Por mucho que nos cuenten la historia de que todo el poder emana del pueblo y la soberanía reside en el pueblo, la realidad es muy diferente.

El pueblo -sea en España o en otros países europeos pertenecientes a la Unión Europea- tiene muy poco poder al estar privado casi por completo de la facultad de intervenir directamente en las decisiones políticas de envergadura. Salvo raras excepciones, pues sólo en Suiza se practica desde hace siglos esa democracia directa mediante un gran número de plebiscitos al año sobre cuestiones muy diversas y que en algunos cantones pequeños aún se celebran en la plaza mayor de la capital cantonal.

S.M. el Rey fue demasiado generoso a la hora de entregar el poder a los representantes del pueblo. Debería haber previsto muchos más mecanisos que garanticen la independencia de los cuatro poderes del estado entre sí: Jefatura del Estado, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial.

A lo largo de este año ha quedado demostrado -nuevamente- de una forma apabullante que no existe tal división de poderes. Acabar con ella desde siempre ha sido objetivo primordial de los socialistas, pues muchos recordamos la célebre frase de Alfonso Guerra de que "Montesquieu ha muerto". Y fue precisamente Montsquieu quien creó la idea de la división de poderes para garantizar el buen funcionamiento del estado.

Los principales problemas políticos actuales -en lo que se refiere a las instituciones del estado- es la corrupción. Esa corrupción es tanto económica como moral. Destacan dos jueces, cuya labor al frente de sus respectivos tribunales parece todo menos honrada e imparcial: Garzón por un lado y la presidente del Tribunal Constitucional por el otro.

El primero haciendo lo que presuntamente conviene al gobierno socialista, con connivencias rarísimas como aquella cacería con el ex ministro Bermejo y el jefe de la policía judicial, así como una fiscal de peso en el asunto Gürtel. A ello se añaden corruptelas varias como el presunto el cobro no declarado de "becas" de un banco privado y honorarios durante su excedencia en Estados Unidos o decisiones procedimentales más que dudosas. No es que en muchos casos le falte razón al juez para proceder contra determinados grupos de corrupción organizada, pero ¿qué credibilidad tiene un juez que no es moralmente ejemplar y que deja a la vista cada dos por tres que parece actuar más movido por intereses partidistas que por amor a la justicia?

La segunda, como se ha sabido estos días, no sólo parece tener una estupenda relación con los nacionalistas catalanes, sino también con el entorno de ETA. ¡Una presidente del Tribunal Constitucional! Esta claro que es la persona menos indicada para dirigir tan alto tribunal.

Si pensamos que la Justicia se administra en nombre de S.M. el Rey, ante tanto desvarío me pregunto ¿qué es lo que hace el Rey para que no ensucien su nombre? Porque ensuciar el nombre del Rey es ensuciar el nombre de España. Y aunque no tenga ya ningún poder real para intervenir en el funcionamiento de la Justicia, al menos podría llamar la atención sobre el grado de inmoralidad con que se administra en su nombre la Justicia.

La Justicia es el mejor ejemplo de lo mal que se hicieron las cosas en 1978 al redactar la Constitución. La Constitución en sí no es mala, pero deja demasiado margen para la interpretación subjetiva, cuando sólo debe permitir una interpretación objetiva.

La Justicia tendría que haber quedado fuera de toda influencia de los partidos políticos evitando que los más altos puestos de la judicatura se nombrasen por el Congreso o directamente por el gobierno. ¿Cómo es posible que muchas actuaciones dependan de la voluntad del Fiscal General del Estado, un cargo político al servicio del gobierno de turno? ¿Cómo es posible que el Consejo General del Poder Judicial se divida en derecha e izquierda, igual que el Tribunal Constitucional, donde ya no cuenta lo que es o no constitucional, sino qué opinión tiene mayoría en el órgano de decisión. ¿Prevalece la Constitución o la capacidad interpretativa y de imaginación de los jueces que componen cada órgano? Por lo visto lo segundo.

Existen otros problemas aparte de la Justicia. El sistema electoral actual ha demostrado ser lo más alejado de la democracia participativa. Su sistema inflexible de listas cerradas y la contradictoria regulación de que los escaños obtenidos por listas cerradas pasen a ser propiedad de los diputados o concejales aún cuando decidan dejar el partido por cuya lista cerrada llegaron a ocupar su escaño, ha llevado a una situación esperpéntica en toda España. Se trapichea con los escaños y los votos de los tránsfugas, otros intentan montarse una existencia mientras dure el chollo para venderse luego al mejor postor, y nadie piensa en los votantes que confiaron su voto a un partido y su programa electoral, no directamente a las personas que salieron elegidas.

Este sistema tan imperfecto de elección de los representantes del pueblo, que administran la soberanía popular y el poder emanado del pueblo -en la mayoría de los casos de forma irresponsable y moralmente deplorable-, ha propiciado que se formen cada vez más redes de corrupción y se aprovechen cada vez más políticos para colocarse a sí mismos o a sus amigos y allegados en posiciones muy lucrativas, como por ejemplo la esposa del señor Montilla que acumula, al parecer, 15 cargos en diferentes administraciones locales.

¿Y qué dice S.M. el Rey a todo esto? ¡NADA! No bastante con no haber previsto mecanismos eficaces para contrarrestar cualquier mal uso de la democracia, opta por no decir nada, algo que seguramente muchísimos españoles saludarían con entusiasmo. En lugar de eso recibe a dictadores y dictadorzuelos en la Zarzuela, aunque sólo estén de paso, y les ríe las gracias. En lugar de decirle al gobierno lo que hace mal, cae en el error de alabar al presidente del gobierno como alguien que sabe lo que hace.

Es curioso que S.M. el Rey esté más a gusto con gobiernos socialistas filorepublicanos, cuando son precisamente éstos los que relegan al Rey a un lugar menos que representativo. Actualmente tenemos una Jefatura del Estado tan poco vistosa en el mismo grado que es patético todo el gobierno, que no sabe muy bien qué hacer ante los problemas que se le acumulan.Quizás sea uno de los aniversarios de la proclamación más anodinos de todos. Lo que era ilusión hace treinta y cuatro años ahora es -en el mejor de los casos- indiferencia. Desearía que dentro de un año la situación cambiare para mejor y que todos podamos gritar con alegría y entusiasmo:

¡VIVA EL REY!

Aún así digo: ¡Felicidades, Majestad, por el trigésimo cuarto aniversario de Vuestra proclamación! ¡Dios Os guarde muchos años!