Trigésimo Octavo Aniversario de la Proclamación de S.M. el Rey Don Juan Carlos I

Monarquías: Un valor seguro

Vivimos tiempos de inestabilidad e incertidumbre, momentos en que el capital ha vuelto a refugiarse en el más dorado y preciado de los metales ante la constante inestabilidad de los mercados, días en los que nuestros políticos e instituciones viven su más baja popularidad, donde parece que en nada ni nadie se puede confiar. A ambos lados del Atlántico está resultando más difícil de lo que en un primer momento pareció encontrar ese camino que nos devuelva a la estabilidad tan ansiada como perdida, culpa de una crisis que está durando más de lo previsto y que ya se ha llevado mucho por delante.

Es ahora cuando hay que apostar por valores seguros, reforzando nuestra confianza en aquellas pocas instituciones que aún pueden suponer un modelo de estabilidad y confianza. Es el momento de defender la Corona.

Desde luego, la segunda década de este Siglo en curso ya ha quedado marcada por la denominada Primavera Árabe, sueño de libertad y democracia para unos, mar de oportunidades políticas y estratégicas para otros, y lluvia de bombas para una inmensa mayoría que observa impotente cómo sus vidas se derrumban igual que sus casas y países. Sin embargo, el buen observador habrá advertido que en aquellos Estados árabes donde permanece una monarquía, caso de nuestro vecino Marruecos, el Sultanato omaní o los Emiratos, no sólo no se han producido revueltas ni revoluciones, sino que son en estos momentos atractivos destinos económicos e incluso turísticos.

El artículo 56 de nuestra Constitución definió muy bien el concepto al hablar de “símbolo de la unidad y permanencia de la Nación”, y es que, sólo la forma de Estado que encarna la Monarquía parlamentaria, aún con sus fallos, es capaz de mantener la Jefatura del Estado independiente del poder político y la constante lucha por él, de ofrecer a todos los ciudadanos de un país una única y máxima representación sin importar el partido al que voten, un valor diplomático que, en el caso español, es mucho más valorado fuera que dentro de nuestras fronteras.

La reciente coronación y entronización del Rey Felipe de Bélgica es otra muestra de ello. Al igual que en el caso de la Primavera Árabe o la Monarquía española, la Corona belga ha sido capaz de mantener en alza un Estado que acusa profundos problemas de cohesión desde hace años; sin embargo, y a pesar de un vacío de Gobierno de año y medio, sólo la salida al balcón del nuevo Rey ha lanzado a los belgas a la calle bajo una misma bandera, fueran valones o flamencos.

Es el momento de apostar por lo seguro, sin dejar de aprender de los errores ni de depurar las responsabilidades necesarias. Por ello, si ha habido un momento desde el 23 de febrero de 1981 en que debemos agruparnos todos los españoles bajo nuestra Corona, es éste.  

Román TEROL – Presidente de

la Asociación Española por el Progreso del Derecho 

Reino de Bélgica: Las funciones del Monarca

Está claro que el año 2013 pasará a la historia como el de señaladas abdicaciones de diversos jefes de Estado: Benedicto XVI, la reina Beatriz de los Países Bajos y ahora la del Rey Alberto II de los belgas. Curiosamente, Bélgica nació desgajándose del antiguo Reino Unido de los Países Bajos y, por tanto, es íntima vecina de Holanda, por lo que algunos piensan en una suerte de «contagio abdicativo». 

A pesar de que el barón Charles-Louis de Montesquieu, en su «Del espíritu de las leyes», acuñó la teoría de las separación de poderes, el artículo 37 de la Constitución belga establece que al rey le corresponde el poder ejecutivo federal, que en la práctica está lejos de ser un verdadero poder ejecutivo, sino la plasmación del llamado cuarto poder, que no es el de la prensa, sino el arbitral o moderador ejercido por los reyes en las monarquías constitucionales parlamentarias y proclamado por Benjamin Constant. 

Bélgica es un país relativamente nuevo –aunque de antiguas raíces– fundado en 1831 por el tatarabuelo de Alberto II. La palabra «federal» implica ejercitar de obligada amalgama si se desea mantener al país como un todo. La Constitución, reformada en el último tercio del pasado siglo estableciendo un sistema federal en tres niveles (el gobierno federal, las comunidades lingüísticas flamenca, francesa y germanófona, y las regiones flamenca, valona y de Bruselas) hizo necesario más que nunca el papel del monarca como vínculo unificador en tan variopinto escenario. 

En el artículo 91 de la citada Constitución se indica que el rey debe jurar –entre otras cosas– mantener la integridad del territorio belga. Naturalmente esto no significa solamente evitar que una potencia extranjera mengüe la extensión territorial belga, sino que conlleva procurar que ninguna parte se desmiembre del todo. 

Las abdicaciones, siempre lo he dicho, deben ser «rara avis» en el firmamento monárquico. La Constitución belga no contempla ese supuesto, sino solamente el del fallecimiento del monarca y también el de la «imposibilidad de reinar» a juicio de los ministros. Cuando el primer partido del país es antimonárquico y separatista, se hace bien difícil reinar, pero quizás en esos momentos, y máxime en un año preelectoral, las tablas de un rey con cuatro lustros de experiencia serían más necesarias que nunca.

Amadeo Rey y Cabieses 

es doctor en historia y miembro de la junta directiva de la Asociación Monárquica Europea

Promesa de futuro

por Amadeo-Martín Rey y Cabieses

Aunque nueve años no es una cifra redonda, de esas que suelen celebrarse con grandes fiestas y alharacas, el que los Príncipes de Asturias hayan alcanzado ya ese tiempo de casados es un acontecimiento reseñable y el que su Casa siga reinando es de agradecer y valorar. El anuncio de su compromiso y su posterior boda el 22 de mayo de 2004 levantó no pocos comentarios respecto a la idoneidad de la novia para ostentar la corona principesca y la posterior real cuando Su Majestad fallezca o abdique. Los posteriores nacimientos de las dos Infantas propiciaron cierto debate que ha pasado a un segundo plano respecto a la necesidad o no de cambiar el orden sucesorio de la Corona igualando los derechos a ésta independientemente de su sexo. Pero lo cierto es que, de momento, no ha habido nuevos embarazos de Doña Letizia, por lo que –si sigue así– y aunque dudo que yo lo vea, tendremos Reina Leonor en un futuro, que tendrá que medirse con sus antecesoras, las dos Isabeles. 

La apretada agenda de los Príncipes de Asturias, demostración palpable de que en esa casa se trabaja, mal que les pese a quienes pretenden propagar el anticuado bulo de que la realeza se entrega al «dolce far niente», se ha visto incrementada notablemente a raíz de los diversos problemas de salud de Don Juan Carlos. El Príncipe demuestra día a día lo que su padre proclamó en su larga entrevista concedida a Jesús Hermida: que está sobradamente preparado. 

La Princesa, por su parte, estoy seguro de que habrá tenido que hacer en estos años múltiples esfuerzos de adaptación a un medio que no era el suyo natural. Vamos, que no era una auténtica «profesional» de la realeza como –en palabras de Pilar Urbano– sí lo es la Reina, Doña Sofía, nacida en las gradas del trono heleno. El desparpajo de la periodista ha tenido que mudarse en el recato de la princesa, aunque no cabe duda de que su facilidad de palabra la ayuda y la seguirá ayudando para algunos de los cometidos de una Princesa de Asturias. La pareja se halla además fuera de todo el desagradable circuito de dimes y diretes que ha enfangado últimamente a la Infanta Doña Cristina y a su consorte. 

Qué duda cabe de que eso es un valor a conservar y de ellos depende que así sea. Es no sólo conveniente sino necesario que nuestra promesa de futuro siga limpia y mirando hacia delante para afianzar la permanencia de esta vieja y a la vez joven Monarquía.

La tradición del siglo XXI

Hacía un mes que yo había regresado de Buenos Aires, tras varios años allí destinado, cuando, el 2 de febrero de 2002, la argentina Máxima Zorreguieta se casó con el príncipe de Orange. Viví el revuelo que el compromiso causó en la sociedad porteña. Unos decían que por fin una argentina se sentaría en un trono europeo, otros indagaban en genealogía para encontrarle antepasados regios. El día llegó, y los novios se casaron con la ausencia del padre, vetado por haber sido miembro del Gobierno militar argentino.

No hace mucho, el nuevo Rey de los Países Bajos habló de la necesidad de aunar la tradición con la modernidad y de que mantener al país unido, representarlo dignamente en el exterior y apoyar a los que trabajan por su patria son sus objetivos fundamentales. Esa simbiosis entre tradición y modernidad es la que procuran para sus naciones los reyes europeos y lo que han venido haciendo las reinas de los Países Bajos. Holanda es un país avanzado, a veces demasiado diría yo, como por ejemplo en lo referente a la eutanasia, que es en realidad un retroceso y no un avance social. Sin embargo, la modernidad a la que ha llegado Holanda no ha sido «a pesar» sino «gracias a» la Corona, como en el resto de monarquías del continente.

Holanda es el único país en el que la abdicación de sus monarcas es ya tradición, la misma que llevará hoy a engalanar sus calles con el naranja de los Orange-Nassau y el tricolor rojo, blanco y azul de su bandera. Ámsterdam es sede de palacio real y de la Iglesia Nueva, donde, respectivamente, la reina Beatriz abdicará y Guillermo Alejandro será entronizado, y una de las ciudades más cosmopolitas y avanzadas del mundo.

Los holandeses saben que para representar a su país la monarquía precisa de «fondos» –unos 36,2 millones de euros, cuatro veces más que la española– pero también de «formas». Una encuesta revelaba que el 41% de los holandeses privaría a su familia real de sus privilegios, aunque el 78% defiende la monarquía como forma de Estado. En tiempos de crisis los primeros en dar ejemplo son los reyes. Así lo han hecho siempre en guerras y catástrofes, en tiempos de penurias nacionales y de necesidad. Pero la corona, como cualquier otra Jefatura del Estado, debe presentarse adecuada y dignamente. El Acta de Finanzas Reales de 1972 otorga al rey y al príncipe heredero esos fondos. Además, los holandeses saben que sus reyes son «ricos por su casa» –recordemos el Dutch Bank ABN Amro y la Shell–, pero no se suelen detener en demagógicas consideraciones acerca del particular. Saben que la reina Guillermina encabezó firmemente la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial; que su hija, la reina Juliana, democratizó «en bicicleta» la realeza neerlandesa; o que la reina Beatriz sufrió injustamente de una convulsa ceremonia de boda por casarse con Claus von Amsberg, que luego demostró ser un digno príncipe de los Países Bajos.

El nuevo Rey se convierte en monarca de una generación –comenzada por Alberto II de Mónaco–, en la que los monarcas son más símbolos que gobernantes. Pero los símbolos también cuentan y sus gestos más aún. Guillermo Alejandro estudió en un colegio público y no se le caen los anillos por tomarse una cerveza con sus amigos o patinar entre la gente, pero sabe quién es: un gran señor. Es cercano, pero no olvida que por sus venas corre la sangre de los estatúderes y reyes de los Países Bajos, además de la de los Lippe-Biesterfeld, Mecklenburg-Schwerin, Waldeck und Pyrmont, Romanov, Hohenzollern o Württemberg: pura historia de Europa. Está bien esa cercanía, pero la realeza debe conservar cierta majestad que no es sólo adorno sino esencia.

Amadeo-Martín Rey y Cabieses; doctor en Historia y profesor de Dinastías Reales. 

Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Monárquica Europea                                       

Perspectiva histórica

por Amadeo-Martín Rey y Cabieses 

No hay duda de que no estamos acostumbrados a que los príncipes de las Casas Reales que reinan en Europa, y mucho menos en otras regiones del globo menos aficionadas a la luz y taquígrafos, sean imputados en procesos judiciales. El que eso haya sucedido a S.A.R. la Infanta Doña Cristina, Duquesa de Palma de Mallorca –a quien el Magistrado-Juez Castro llama en el auto de imputación "Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia" - nos atañe de un modo singular, como españoles y –en mi caso, al menos- como monárquicos. Las opiniones acerca de las consecuencias de este hecho difieren desde quien cree que supone la "débacle" para la Monarquía española –y en tal caso unos la llorarían y otros lo celebrarían- hasta quien considera que no hay mal que por bien no venga y que esa imputación –que es recurrible ante el juez y ante la Audiencia Provincial de Palma- pone de manifiesto la igualdad de todos los españoles ante la ley, proclamada por la Constitución y recordada por S.M. el Rey en su último mensaje navideño. Ahora bien, lo excepcional del acontecimiento no nos debe hacer olvidar que Doña Cristina no es, ni seguramente será en el futuro, el único miembro de una Casa Real que es judicialmente imputado. Entre las casas reinantes, el Príncipe Bernardo de los Países Bajos, esposo de la Reina Juliana, fue procesado en 1976 por el cobro de comisiones de una fábrica de aviones, la Lockheed. Eso supuso serias consecuencias para él. Pero la historia de las naciones hay que contemplarla con perspectiva. Ahora la popularidad de su hija la Reina Beatriz está en una de sus cotas más altas, a menos de un mes de su abdicación. También el Príncipe Laurent de Bélgica fue acusado en 2006 -sin llegarse nunca a probar- de desviar fondos de la Marina para pagar electrodomésticos y objetos decorativos para su casa. Hoy en día su padre el rey Alberto II de los Belgas sigue siendo firme garante de la unidad de aquel país. Entre las familias reales no reinantes, el rey Leka de los Albaneses fue expulsado de España en 1979 por tenencia ilícita de armas, pero logró retornar a su país de donde estaba exiliado, donde murió en 2011 y donde está enterrado. El Príncipe Víctor Manuel de Saboya, Jefe de la Casa de Saboya, condición ahora discutida por su primo el Príncipe Amadeo de Saboya, duque de Aosta, sufrió varios problemas judiciales de los que salió afectado en su fama entendiéndose actualmente que, si ya tenía difícil recuperar el trono que ocupó su padre el rey Humberto II de Italia, ahora tal eventualidad podría considerarse como imposible. 

Hecha la salvedad de que debemos respetar el auto que el Magistrado-Juez mandó el pasado 3 de abril, y las sucesivas decisiones judiciales, y que conviene esperar acontecimientos, sin condenar antes de que lo haga quien puede hacerlo, es importante tener en cuenta que la Corona como institución está por encima de las personas que la encarnan, que pueden equivocarse. Lo mismo que España, como nación, está o debería estar más allá de los errores de los políticos. Quien aduce que la Monarquía facilita la corrupción no desea contemplar los innumerables episodios de esa naturaleza en asentadas repúblicas, algunas de ellas muy cercanas. Fisichella escribió que un rey puede ser estúpido, malvado o corrupto, lo mismo que un príncipe heredero, e incluso pueden ser las tres cosas a la vez. Pero también un burgués y un proletario pueden ser estúpidos, malvados y corruptos, y la historia está repleta de ellos. 

 El que la buena fama cueste años conseguirla y minutos perderla no hace menos injusto el fondo de ese adagio. Los ciudadanos, ya no súbditos, somos demasiado proclives a aprovechar los comportamientos, a veces censurables, de príncipes y reyes, para cargar contra la Corona en su conjunto, sin sopesar ni valorar la enorme cantidad de beneficios que ésta ha procurado a España en los últimos treinta y siete años.

Amadeo-Martín Rey y Cabieses es Doctor en Historia y miembro de la junta directiva de la Asociación Monárquica Europea

Publicado en La Razón

Un estatuto para las Infantas de España

por Amadeo-Martín Rey y Cabieses

Sólo en dos países, España y Portugal, se usa el título de Infante para sus príncipes reales. Así como en Austria el título es el de Archiduque, y en Rusia los hijos y nietos de sus emperadores ostentan el título de Gran Duque, usando el de Príncipe el resto de los Romanov no casados morganáticamente. En nuestra nación la Ley de Partidas establecía que «Infantes llaman en España a los hijos de los Reyes» y así fue hasta que se extendió también a los hijos del Príncipe de Asturias. Todos ellos son Infantes por nacimiento. Pero los hay también «de Gracia», es decir, expresamente nombrados por el monarca. Como sucedió en 1994 con el Infante Don Carlos, nacido Príncipe de las Dos Sicilias y hecho Infante de Gracia por su primo hermano el Rey Don Juan Carlos. Por ceñirnos sólo a las mujeres, existen actualmente siete Infantas de España: Doña Pilar y Doña Margarita, hermanas del Rey; Doña Elena y Doña Cristina, hijas del monarca; Doña Leonor y Doña Sofía, hijas de los Príncipes de Asturias, y Doña Alicia, viuda del Infante Don Alfonso, Duque de Calabria, y madre del Infante Don Carlos.

La normativa referida a los Infantes de España está recogida actualmente en el R. D. 1368/1987 sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones de las Infantas de España? ¿Existe algún documento legal que establezca este particular? Pues no. Desde algunas instancias se ha reclamado sin éxito la elaboración de un Estatuto del Príncipe de Asturias y –yo añadiría– de los Infantes de España. En realidad, nunca ha hecho falta tal documento. Pero corren tiempos en los que, del mismo modo que la Corona se va a sumar a la Ley de Transparencia en la gestión de sus recursos, sus funciones y el proceder de los Infantes requerirían más definición.

Las Infantas de España acuden con frecuencia a diversos actos. Unas veces lo hacen representando a S.M. el Rey. Otras se representan a sí mismas. Pero todas las veces que una Infanta de España está presente en una ceremonia pública puede decirse que está –de alguna manera– representando a la Corona. Aunque actualmente todas las Infantas de España forman parte de la Familia del Rey, es decir, tienen lazos de consanguinidad con el monarca, sólo algunas –Doña Elena, Doña Cristina, Doña Leonor y Doña Sofía– son parte del reducido núcleo de la Familia Real y sus agendas se publican en la web de la Casa Real. Sin embargo, resulta evidente que la actuación de todas debe ser especialmente ejemplar. Las Infantas que forman parte de la Familia Real están consignadas en un registro civil especial, poseen pasaporte diplomático, pero no disponen de un fuero especial, como sí –en cambio– los ministros, senadores, diputados y otros muchos cargos públicos. Convendría que ese anhelado estatuto del Príncipe de Asturias, del que ya hablara en su momento –entre otros– el constitucionalista Antonio Torres del Moral, se definiera y extendiera a las funciones y cometidos de todos los Infantes de España. 

Amadeo-Martín Rey y Cabieses es Doctor en Historia y miembro de la junta directiva de la Asociación Monárquica Europea.

Publicado en La Razón

Euronews: La crisis de la monarquía española

Euronews (vídeo - véase a partir del minuto 5:20))

“Lo siento mucho me he equivocado y no volverá a ocurrir”. Hace casi un año, el rey de España pedía perdón. Desde entonces la monarquía está en el ojo del huracán.

La imputación tanto de la infanta Cristina como de su marido, Iñaki Urdangarin, en un caso de presunta corrupción es uno de los capítulos del ‘annus horribilis’ del monarca que empezó con sus disculpas. Una imagen inédita tras hacerse público que el monarca estaba de cacería en Botsuana con su país en plena crisis. Un secreto que trascendió porque el rey se rompió la cadera.

El gesto no dejó indiferente a nadie. El asesor y analista político, Antoni Gutiérrez-Rubí, cree que durante todo este tiempo la imagen del rey ha sufrido un mayor deterioro: “Esa rectificación se ha visto seriamente empañada por los acontecimientos que hemos ido conociendo y descubriendo con sorpresa y en algunos casos con incredulidad y no poco enojo en buena parte de la opinión pública que afectan de nuevo a la imagen del rey. Por lo tanto ha sido como una operación contundente pero hasta cierto punto fallida”.

Más allá del perdón los quebraderos de cabeza del rey habían empezado años atrás en Palma de Mallorca, ciudad en la que pasa sus vacaciones la familia real.

Un entorno ideal en el que el yerno del rey, Iñaki Urdangarin, fue tejiendo los contactos que permitieron al Instituto Nóos — una entidad sin ánimo de lucro que él mismo presidía — firmar convenios con varias administraciones públicas de Baleares.

Sus actividades, presuntamente irregulares, vieron la luz en la investigación del caso Palma Arena, un escándalo de corrupción detectado en los años en los que Jaume Matas, un exministro de Aznar, fue el presidente del Gobierno autónomo balear.

El periodista, Andreu Manresa, que lleva más de dos décadas trabajando para el diario El País, considera que este caso es el símbolo de toda una época: “Esta es la cáscara y el símbolo de una etapa de Gobierno en Baleares de Jaume Matas, exministro del presidente Aznar. (Matas) que fue condenado inicialmente a seis años de cárcel por uno de los episodios descubiertos tras esta cásacara. El Palma Arena se construyó urgentemente para realizar unos campeonatos mundiales de ciclismo y se gastó el triple de lo previsto. En la investigación de este sobrecoste se derivó hacia el supuesto enriquecimiento de Jaume Matas y el pago y el gasto de subvenciones.”

2,3 millones de euros pagados por el Gobierno balear al Instituto Nóos que han llevado Urdangarin a declarar ya en dos ocasiones como imputado por un presunto delito fiscal y otros de supuestos delitos de prevaricación, malversación, fraude, falsedad y blanqueo de capitales. Un daño irreparable para la confianza pública en la monarquía española.

“La infanta Cristina es copropietaria de la empresa patrimonial Aizoon en la que Iñaki Urdangarín personalmente efectuó los cobros y pagos por los que está imputado por tres presuntos delitos fiscales distintos”, explica Manresa.

La Casa Real sigue a remolque de la actualidad. El rey concede a la televisión pública una de sus contadas entrevistas, aunque no aclara el goteo de correos filtrados del caso Urdangarín, que revelan que el monarca estaba supuestamente al corriente de las actividades presuntamente ilícitas de su yerno e incluso le aconsejó irse a Washington para sofocar posibles escándalos.

Llegado este punto aparece otro personaje en escena. Corinna zu Sayn-Wittgenstein, una amiga personal del rey, llena las portadas. Le acompañó en la cacería de Botsuana y, según otro de los correos electrónicos publicados, habría hecho una oferta laboral a Urdangarin por recomendación del rey. Habla de sus presuntas gestiones para el Gobierno español, facilitando intercambios comerciales aunque no su papel no está claro.

La oposición pide una investigación y en la calle se abre la veda. El Teatro Victoria de Barcelona acoge un musical de (la compañía Dagoll Dagom y la productora Minoría Absoluta) que con el título de ‘La Familia Irreal’ pone en escena una sátira que caricaturiza con un gran surrealismo a los miembros de la verdadera familia real.

“La ciudadanía ha ido perdiendo el miedo y entonces dices por qué no se puede si se hacen parodias de religión, sociales, parodias políticas por qué no vamos a poder tocar la parodia del rey. Y se decidió tirar para delante intentando siempre provocar lo que se quiere, es decir, la risa, vamos a hacer reír con este tema porque da mucho más de sí y es que además la realidad ha llegado un momento en el que ha superado con creces la ficción”, dice Toni Albà, actor.

Si el recorrido del personaje de ficción está asegurado, los defensores de la monarquía ven en la Corona una garantía de estabilidad.

Pedro Schwenzer es el presidente de la Asociación Monárquica Europea, entidad que promueve la monarquía parlamentaria como forma de Estado. Reconoce que sí, que la imagen está algo deteriorada por cuestiones que poco tienen que ver con la institución sino con una persona unida a la familia real por matrimonio. Una crisis que no puede poner en tela de juicio su existencia: “Lógicamente la actuación ha sido muy indecidida de la Casa Real. Tenía que haber sido más decidida para salvaguardar el correcto desarrollo de la vida profesional del consorte de una de las infantas y quizás no se quería llamar la atención y se ha dejado que las cosas se desarrollasen solas sin tener en cuenta las repercusiones que podrían tener, que algunas operaciones puedan ser dudosas”.

¿Pero qué dice la legislación española sobre una eventual renuncia o abdicación del rey?. En la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, el catedrático de Derecho Constitucional, Marc Carrillo, nos explica que se trata de una decisión personal del jefe del Estado, que los ciudadanos no pueden promover en ningún caso. La figura del rey, según la Carta Magna, “es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”.

“Es una institución que responde a la historia, a criterios no democráticos en la medida en que el acceso al cargo es por herencia, la dimensión democrática de la monarquía es la que le da la propia Constitución cuando la incorpora como forma de Gobierno”, asegura Carrillo.

No obstante, sí que hay mecanismos para cambiar el modelo de Estado aunque el sistema es tan rígido que requeriría una mayoría cualificada de las Cortes.

Una laguna es el control de sus actividades, de su sueldo que es de 292.752 euros, cuatro veces más que el del presidente del Gobierno y de la asignación de la Casa Real.

“Entiendo que en el ámbito de la actividad pública del monarca eso debería ser sometido también a la Ley de Transparencia. Cosa distinta es la actividad privada que el jefe del Estado. Como persona responsable debe ejercer su cargo con la debida probidad y adecuación a los principios fundamentales básicos del Estado”, dice Carrillo.

En opinión de algunos expertos, es el momento de que la monarquía realice su propia transición y haga de la ejemplaridad cívica su norma. El futuro de la Institución está en manos del propio rey, como explica Antoni Guitérrez-Rubí, analista político: “Está en sus manos tener un final digno con un relevo ordenado o tener un final precipitado, deteriorado todavía más que no garantice ni el relevo ni la transición y que nos ponga al conjunto de la sociedad española en la tesitura de reflexionar muy a fondo sobre nuestra jefatura del Estado”.

Si instituciones milenarias como la Iglesia católica han conseguido dar un golpe de timón y renovarse, muchos creen que es el momento de que cunda el ejemplo.

Euronews, 05-04-2013

Don Juan de Borbón o El Príncipe ejemplar

Si existe una personalidad ejemplar entre la realeza española es la de Su Alteza Real Don Juan de Borbón, Conde de Barcelona, el que debía convertirse en Rey Juan III, pero que debido a las circunstancias políticas del momento no pudo subir al trono, cuando, de seguro, habría sido un gran Rey de España por su valentía, su preparación y sus profundas convicciones democráticas.

Pero como es este país llamado Reino de España, cuyos políticos y periodistas, en su mayoría aparente, dan continuamente muestras de un espíritu republicano de lo más ruin y putrefacto, los unos por su actitud corrompida y la usurpación de la soberanía popular, que sustraen al pueblo del que emana, teóricamente, sin considerar que precisamente este pueblo debería ejercerla muchas más veces de forma directa sin delegar tantas facultades -que aquellos se autoatribuyen íntegramente- tutelando una voluntad nunca consultada realmente, y los otros por atacar de forma masiva a los fundamentos de este estado, esencialmente monárquico por ser la Monarquía su estructura fundamental, la única forma de estado capaz de mantener la unidad nacional y la estabilidad a través de los siglos, por la legitimidad histórica que la justifica, mientras se prestan al juego interminable de poner en duda todos los valores, pero sobre todo él de la institución monárquica, así como por dañar la imagen de sus máximos representantes.

Es un ejercicio vil del periodismo intentar manchar la buena imagen y la memoria del padre del Rey, el Rey Padre, que tanto luchó por el restablecimiento de la democracia en España y que tanto se sacrificó por la Monarquía aceptando el dictado del General Franco, autoproclamado regente del Reino de España, y educador autoimpuesto del hijo de Don Juan y actual Rey Don Juan Carlos I, al que Franco designó sucesor a título de Rey despreciando las reglas dinásticas e históricas de legítima sucesión en el Trono.

Los periodistas, inmersos en búsquedas de corruptelas financieras de los políticos de espíritu republicano y gestores del Reino, parecen haber entrado en una espiral de fuerzas destructivas, pues no se limitan a descubrir la verdadera y actual podredumbre de la clase política, sino buscan la manera de desestabilizar el país entero atribuyendo a la Realeza hechos que no son tales y que nada tienen que ver con las actuaciones de la clase política.

Todos sabemos muy bien que la Familia Real pasó por muchas penurias durante su exilio, entre otras porque antaño la realeza no hizo previsiones para tales circunstancias nunca antes imaginadas. La Familia Real española no pudo amasar riquezas durante el exilio, entre otras porque las que había tenido quedaron en España y fueron requisadas por la república y el régimen franquista. Que Don Juan podría haber tenido cuentas en Suiza no sería nada extraño ni ilegal, entre otras porque Suiza era el país preferido por las Familias Reales exiliadas. tener una cuenta en Suiza no es sinónimo de corrupción, y en aquellos tiempos la Familia Real ni percibía fondos del estado español ni contaba con asignación alguna de entidades públicas.

Nosotros como monárquicos tenemos que manifestar nuestro estupor ante este intento de arrastrar a Don Juan y su memoria al marasmo de la corrupción política en España. No sólo es algo completamente injustificado, sino es inconcebible que se intente usar al difunto padre de Su Majestad el Rey para desestabilizar a la institución monárquica dañando su impecable imagen y su prestigio como si con ello resultara más fácil presentar a la Monarquía como una institución inválida para encarnar el estado.

La pérdida del respeto a la propia historia e intentar acabar con el orden monárquico y democrático actual es una actitud enfermiza y autodestructiva difícilmente comprensible. Sería deseable que la política y los medios de comunicación apliquen más el sentido común para garantizar la defensa de valores fundamentales que vertebran a las sociedades europeas actuales y que ayudan a encontrar el camino más adecuado para progresar y superar las crisis de la política y la economía.

Don Juan de Borbón siempre ha sido un ejemplo para España y los españoles. Resaltemos, por tanto, los altos valores que guiaron a Don Juan en su lucha por la democracia y la restauración monárquica, porque estos son los valores que garantizarán nuestro futuro como país, como nación y como sociedad.  

Las enfermedades de los Borbones: Tuberculosis, neumonía y arritmias

por Amadeo Martín Rey y Cabieses

La dinastía borbónica en España, casi tan endogámica como la precedente austríaca, no ha sufrido –sin embargo– los embates de las enfermedades propias de los matrimonios consanguíneos. Felipe V, que inaugura la saga, fue maníaco-depresivo. Su primera mujer, María Luisa Gabriela de Saboya, falleció a causa de una tuberculosis ganglionar (escrófula), que sumió al monarca en tal tristeza que le llevó a abdicar en su hijo Luis I, fallecido de viruelas y sin descendencia, lo que obligó a su padre a retomar la corona hasta su muerte, a causa de un aneurisma aórtico. La mujer de Luis I, Luisa Isabel de Orléans, falleció por un coma diabético. El hipocondríaco Fernando VI, hijo y sucesor de Felipe V, aunque sufrió de viruelas, tercianas, cefaleas, hernia inguinal, inapetencia, tisis, diarreas, insomnio, y esterilidad, que le impidió dar un heredero a la Corona, padeció lo que ahora llamaríamos un trastorno bipolar, es decir, una psicosis maníaco-depresiva, como la de su padre, que se exacerbó al fallecer su amadísima esposa Bárbara de Braganza a causa de una carcinomatosis peritoneal y una embolia pulmonar. Él murió de una tuberculosis cerebral. Su hermano Carlos III perdió a su mujer María Amalia de Sajonia, a causa de una tuberculosis pulmonar, un año después de llegar de Nápoles, donde habían reinado. Fue, según el monarca, «el primer (y último) disgusto serio» que le dio su esposa. Él disfrutó de una salud bastante buena y falleció a causa de una neumonía.

El abúlico Carlos IV tuvo un hermano mayor, Felipe Pascual, inhábil debido a una deficiencia mental. Tanto Don Carlos como María Luisa de Parma fallecieron de una neumonía con pocos días de diferencia. Fernando VII casó cuatro veces antes de morir a causa de sus arritmias cardíacas. Su primera esposa, María Antonia de las Dos Sicilias, falleció a causa de una tuberculosis. La segunda, Isabel de Braganza, a causa de una eclampsia. La tercera, María Josefa de Sajonia, por una neumonía. Su marido, que ya padecía de la «regia» gota, contrajo cuartas nupcias con María Cristina de las Dos Sicilias, madre de Isabel II, que tenía eczemas en la piel y falleció por una parada cardiorrespiratoria. Alfonso XII enviudó pronto de su primera mujer, Mercedes de Orleáns, a causa de una fiebre tifoidea. Y él mismo moriría tísico, dejando viuda a María Cristina de Austria, regente durante la minoría de Alfonso XIII y fallecida de un paro cardíaco.

Alfonso XIII estuvo a punto de morir a los 4 años causa de una meningitis. Su matrimonio con Victoria Eugenia de Battenberg, fallecida de cirrosis hepática, trajo la hemofilia a la familia, que afectó a dos de sus hijos: Alfonso, Príncipe de Asturias, y luego Conde de Covadonga tras su morganática boda con la cubana Edelmira Sampedro, y Gonzalo. Ambos murieron a consecuencia de accidentes de automóvil, no aparatosos, pero sí suficientes para causarles mortales hemorragias. Seguramente el que Doña Victoria Eugenia fuera la transmisora de esa enfermedad fue una de las causas de su deterioro conyugal.

Alfonso XIII falleció en el Gran Hotel de Roma a causa de una enfermedad cardíaca que le descubrieron en Inglaterra tras un partido de polo, relacionada con infecciones dentarias, a pesar de que el odontólogo de la Real Casa era el gran Dr. Florestán Aguilar, nombrado vizconde de Casa Aguilar por sus indudables méritos. Don Juan de Borbón era fumador y, como tal, candidato a padecer cáncer. El que le llevó a la tumba fue uno de laringe. Aún recuerdo sus viajes a la Clínica Universitaria de Navarra, donde yo entonces trabajaba, y su progresivo deterioro, pero siempre conservando su inmarcesible amor a España. Su otorrinolaringólogo y profesor mío, el dr. Rafael García-Tapia, no logró acabar con esa dañina neoplasia. El dr. Carlos Zurita le acompañaba y asistía a sus intervenciones, y alguna vez me lo encontré en el antequirófano, siempre amable y solícito con su augusto suegro.

Don Juan Carlos, que sí posee varios de los atavismos y hasta de los rasgos de sus antepasados, ha sido pionero en la ingente cantidad de patología traumatológica padecida. Como buen cazador, tiene problemas de audición. Sus accidentes deportivos –esquiando en Courchevel, Baqueira, Candanchú o Gstaad, cazando, navegando o jugando al tenis– le han ocasionado fracturas del brazo o la pelvis, roturas del tendón de Aquiles, golpes en un ojo, además de herpes facial, varices, un nódulo pulmonar y una progresiva artrosis por la que lleva una prótesis de rodilla y otra de cadera. Ahora sólo nos resta desear a Su Majestad un pronto restablecimiento de la intervención de hernia discal que le ha realizado el dr. Manuel de la Torre.

Amadeo Martín Rey y Cabieses / Doctor en Historia. Licenciado en Medicina y Cirugía

Miembro de la Directiva de la Asociación Monárquica Europea

Publicado en La Razón el 04-03-2013

Cinco razones (y media) para ser monárquico

por Tomás Salas Nuestro colaborador y amigo expone cinco motivos, y medio en favor de la monarquía parlamentaria como la mejor forma de gobierno para el estado español.

Me refiero, claro está, a la Monarquía europea, constitucional y parlamentaria, perfectamente limitada en sus prerrogativas y definida en sus funciones por la ley; y no a otros sistemas, que puedan ostentar la figura del monarca, pero que nada tienen que ver con nuestra tradición (la europea) ni con nuestro tiempo (los albores del siglo XXI). La primera razón es que una figura de esta naturaleza existe en todas las democracias similares a la española: la figura política de alguien que queda un tanto al margen de la lucha partidista y del debate parlamentario, que sirve como elemento aglutinador y moderador de la diversidad ideológica y como icono representativo y simbólico del ser nacional. Una figura así parece necesaria y es ocupada -jugando un papel bastante parecido- por un presidente o por un monarca. Se observa la conveniencia de quede cierto margen neutro, un espacio donde no entre la pura y legítima confrontación democrática. No ocurre así en ciertas naciones de sistema presidencialista (EEUU, Francia) en los que se asume con normalidad que el Jefe del Estado, a a la vez que defiende los intereses supremos de la nación, maniobre en favor de un partido; y hace las dos cosas sin contradicción. Estos países tienen un fuerte sentido nacional y una sólida cohesión territorial, por lo que la confrontación política nunca pone en entredicho los valores sustantivos del ser nacional.  Si la función es necesaria -aquí entra la segunda razón-, ¿por qué buscar una solución fuera cuando es un problema que está resuelto? No se trataría en ningún caso de suprimir la función (la figura de una magistratura suprema al socaire de las confrontaciones políticas), puesto que en España sería impensable una república presidencialista al modo americano. Se trataría, en todo caso, de cambiar la naturaleza y el modo de elección de esta magistratura. Pero, ¿con qué ventajas? Me refiero a ventajas prácticas, funcionales. Cambiar una figura por otra que tenga los mismos contenidos constitucionales no puede suponer (repito: desde un punto de vista funcional y práctico) avance o retroceso; en todo caso, un riesgo, una apuesta incierta y azarosa.  La tercera razón: la monarquía constitucional nos sitúa dentro de un club cuyo número de miembros es reducido, pero selecto. Países que están a la vanguardia del desarrollo económico, social y cultural: Bélgica, Holanda, Dinamarca, Reino Unido, Suecia… No debe importarnos estar en un grupo con socios de esta calidad. En ninguno de estos países parece que la Corona haya sido un freno para los avances sociales, más bien ha contribuido a crear el clima de estabilidad y seguridad que los ha propiciado.  La cuarta razón es quizá la más repetida y obvia. La Corona en España aporta un factor de continuidad, de estabilidad y cohesión en un país que históricamente ha mostrado una genética tendencia la dispersión, al individualismo, a hacer cada cual de su espacio, territorial o ideológico, un lugar irreductible. En España cualquier barrio disperso sueña con ser un municipio con ayuntamiento propio; cualquier región quiere formar un Estado. Hay una tendencia nunca vencida completamente a separarse del todo abarcador, a romper los vínculos de unidad. La institución de la Corona no soluciona este problema, que no sabemos si tendrá solución, pero lo mitiga, amortigua su dinámica disgregadora. La quinta razón proviene de la experiencia histórica. Las dos experiencias republicanas han sido momentos de grave desestabilización y de profundos conflictos; momentos en los que -con expresión de Julián Marías- se rompe la concordia. La primera república (1873-1874) provocó situaciones que hoy nos resultan casi más cómicas que trágicas. Pequeños pueblos y pedanías que se declaran cantones independientes; cuatro presidentes en once meses y uno de ellos, Estanislao Figueras, que huye a Francia tomando distancia de una situación que consideraba una insostenible locura. La segunda (1931-1936) nunca llegó a cuajar como un sistema abarcador de toda la sociedad española. Le faltó el sentido de la convivencia y la tolerancia, el espíritu integrador. Se ahogó impulsada por los radicalismos, apartando y desengañando a muchos republicanos moderados que, en principio, la apoyaron. Ninguna de estas dos etapas debe ser un modelo, una aurea aetas ideal a la que haya que volver. La última razón (la media) es más bien un sinrazón. Me parece que los republicanos españoles, al menos los que se declaran como tales de forma más ostentosa, no tienen muy claro lo que significa esta forma de Estado en nuestro contexto geo-político y en nuestra época. Ellos identifican la república con un cambio social progresivo, con una sociedad más justa, equitativa y respetuosa con los derechos. Esto pudo ser una realidad en 1793 cuando, con la cabeza de Luís XVI, caía un sistema supuestamente oligárquico y se abría la posibilidad de un Estado de ciudadanos libres e iguales. Asimismo en el proceso de independencia de las colonias americanas, en el que la república es el movimiento liberador frente a la monarquía de la metrópoli. La monarquía es el Ancien Régime y la república es el nuevo tiempo abierto a los cambios igualitarios. Un espíritu parecido movió a los republicanos españoles (a algunos, a los moderados) de 1931: evolucionar hacia un sistema más democrático y socialmente avanzado. Pero, ¿puede haber alguien que piense en serio que en la España actual un cambio de esta naturaleza propiciaría una sociedad más justa, una profundización de nuestros derechos? Una posible III República española seguiría siendo un país con economía de mercado, banqueros, obispos y ejércitos; nuestros derechos serían los mismos que la actual Constitución contempla y nuestro sistema de organización territorial no podría -sin peligro serio- ser más descentralizado. Quienes crean que el cambio en la forma de Estado conlleva estos cambios sociales, más que en las ideas, están equivocados en la época.