Abundan estos días los artículos sobre y, ante todo, contra la Infanta Doña Cristina y contra la Monarquía en España.
Desde que apareció el caso Noós como asunto colateral del asunto Palma Arena, un caso de corrupción política de mucha más envergadura que la empresa del consorte plebeyo de la Infanta, no han parado las filtraciones -sin duda intencionadas- para perjudicar la imagen de la institución monárquica española. Y resulta bastante lamentable la falta de seriedad de muchos periodistas en el asunto de la Infanta Doña Cristina. Sobre todo el debate nada objetivo sobre si se debe o no imputar a la Infanta en relación con las operaciones comerciales de su cónyuge parece haberse convertido en fuente inagotable para los sectores antimonárquicos -bastante minoritarios, pero con mucha capacidad de hacerse oír- para arremeter contra la institución monárquica que nada tiene que ver con los negocios de un particular y mero miembro político de la Familia Real.
En todo este debate se mezclan muchos conceptos. La Infanta Doña Cristina no es la Monarquía, sólo es una hija del Rey. En la Monarquía sólo existe un titular de la Corona: el Rey, mientras que al Príncipe Heredero corresponde un lugar destacado y relevante, porque va a suceder al Rey cuando llegue el momento. En cambio, las hijas del Rey forman simplemente parte de la Familia Real, sin funciones constitucionales. La Monarquía es la forma de estado, y la Corona representa al estado. Las Infantas son personas privadas, y sólo actúan en nombre del Rey en representación de éste en actos de menor importancia, lo que es la única circunstancia cuando adquieren relevancia pública.
Por su parte, el Rey siempre ha cumplido con sus obligaciones constitucionales.
nuestra valoración lógicamente es de respeto a la decisión judicial, si bien no podemos compartirla, pues estamos de acuerdo con la fiscalía, Hacienda, la Abogacía del Estado y las defensas de las partes de que no se puede imputar a nadie sólo con meros indicios y sin pruebas, y como dijo el fiscal, no se puede imputar a nadie por lo que es, sino por lo que ha hecho. El juez Castro dice que sólo quiere oír a la Infanta, pues si eso fuera verdad, la habría llamado en calidad de testigo y no como imputada.
Se ha dicho por activa y por pasiva
que la ley es igual para
todos. Nosotros como Asociación Monárquica Europea nos preguntamos: ¿Se habría investigado con tanto celo una situación similar
si en lugar de tratarse de la Infanta Doña Cristina hubiera sido una ciudadana cualquiera? La ley en este caso parece más igual para unos que para otros.
Si se demuestra con pruebas que la Infanta ha cometido algún delito, la Ley
debe caer sobre ella con todo su peso, pero con pruebas irrefutables. De todos
modos, tanto ella como su marido ya están condenados social y mediáticamente
aunque salgan absueltos.
La Infanta en todo caso puede declarar como testigo, no como imputada, ya que las empresas fueron gestionadas por su marido y el socio de éste. Todo esto no tiene que ver ni con la Monarquía ni con el Rey, sino con los intereses de unos políticos corruptos que presumiblemente esperaron obtener prebendas muy particulares de estos negocios - o tal vez sólo querían decorarse con cierto glamour monárquico, quién sabe.