La Infanta imputada o La confusión intencionada del significado de la Monarquía

Abundan estos días los artículos sobre y, ante todo, contra la Infanta Doña Cristina y contra la Monarquía en España.

Desde que apareció el caso Noós como asunto colateral del asunto Palma Arena, un caso de corrupción política de mucha más envergadura que la empresa del consorte plebeyo de la Infanta, no han parado las filtraciones -sin duda intencionadas- para perjudicar la imagen de la institución monárquica española. Y resulta bastante lamentable la falta de seriedad de muchos periodistas en el asunto de la Infanta Doña Cristina. Sobre todo el debate nada objetivo sobre si se debe o no imputar a la Infanta en relación con las operaciones comerciales de su cónyuge parece haberse convertido en fuente inagotable para los sectores antimonárquicos -bastante minoritarios, pero con mucha capacidad de hacerse oír- para arremeter contra la institución monárquica que nada tiene que ver con los negocios de un particular y mero miembro político de la Familia Real. 

En todo este debate se mezclan muchos conceptos. La Infanta Doña Cristina no es la Monarquía, sólo es una hija del Rey. En la Monarquía sólo existe un titular de la Corona: el Rey, mientras que al  Príncipe Heredero corresponde un lugar destacado y relevante, porque va a suceder al Rey cuando llegue el momento. En cambio, las hijas del Rey forman simplemente parte de la Familia Real, sin funciones constitucionales. La Monarquía es la forma de estado, y la Corona representa al estado. Las Infantas son personas privadas, y sólo actúan en nombre del Rey en representación de éste en actos de menor importancia, lo que es la única circunstancia cuando adquieren relevancia pública.

Por su parte, el Rey siempre ha cumplido con sus obligaciones constitucionales.

Lo triste del asunto Urdangarín es el interés político que algunos funcionarios de Justicia parecen tener cuando no hacen más que querer implicar a toda la Casa Real en un caso en el que se trata de negocios del consorte de la Infanta Doña Cristina que éste hizo aprovechándose de su posición privilegiada, incluso después de haber sido advertido por la Casa Real de no hacerlo. El error del Rey fue no haber parado en seco las operaciones comerciales de su yerno con algunos estamentos políticos, desarrollando un comportamiento nada ejemplar. Pero no olvidemos que Noós es un asunto colateral de Palma Arena y que las responsabilidades son de los políticos que adjudicaron contratos a Urdangarín sin respetar los procedimientos habituales. Al menos, este parece ser el caso, pero todo siguen siendo especulaciones mientras no se haya celebrado el juicio correspondiente y se haya dictado sentencia firme. Los medios de comunicación y algunas partes de la ciudadanía, sin embargo, ya parecen haber sentenciado no sólo al consorte de la Infanta, sino a la misma Infanta, al Rey y a la Monarquía sin diferenciar en absoluto entre estado, Corona y los diferentes asuntos judiciales.

Ahora que el juez ha decidido imputar a la Infanta Doña Cristina, nuestra valoración lógicamente es de respeto a la decisión judicial, si bien no podemos compartirla, pues estamos de acuerdo con la fiscalía, Hacienda, la Abogacía del Estado y las defensas de las partes de que no se puede imputar a nadie sólo con meros indicios y sin pruebas, y como dijo el fiscal, no se puede imputar a nadie por lo que es, sino por lo que ha hecho. El juez Castro dice que sólo quiere oír a la Infanta, pues si eso fuera verdad, la habría llamado en calidad de testigo y no como imputada.

Se ha dicho por activa y por pasiva que la ley es igual para todos. Nosotros como Asociación Monárquica Europea nos preguntamos: ¿Se habría investigado con tanto celo una situación similar si en lugar de tratarse de la Infanta Doña Cristina hubiera sido una ciudadana cualquiera? La ley en este caso parece más igual para unos que para otros. Si se demuestra con pruebas que la Infanta ha cometido algún delito, la Ley debe caer sobre ella con todo su peso, pero con pruebas irrefutables. De todos modos, tanto ella como su marido ya están condenados social y mediáticamente aunque salgan absueltos.

La Infanta en todo caso puede declarar como testigo, no como imputada, ya que las empresas fueron gestionadas por su marido y el socio de éste. Todo esto no tiene que ver ni con la Monarquía ni con el Rey, sino con los intereses de unos políticos corruptos que presumiblemente esperaron obtener prebendas muy particulares de estos negocios - o tal vez sólo querían decorarse con cierto glamour monárquico, quién sabe.

Aún más lamentable son filtraciones en toda la fase de instrucción y que la instrucción lleve ya casi 3 años sin que se haya llegado a celebrar ningún juicio. Como dijo muy acertadamente el Jefe de la Casa Real, esta prolongación inusitada de la fase de instrucción sin celebrar juicio es un martirio - y lo es no sólo para la Casa Real, sino para toda la sociedad. El juez parece prolongar aposta un procedimiento que debería ser bastante más corto. Pero la Justicia en España nunca se ha caracterizado por su rapidez y eficacia, mientras contrasta mucho con los sistemas judiciales de otros países donde no es normal que algunos jueces se hagan célebres por sus actos, caracterizados en algunos casos por unas tendencias políticas concretas. No es normal, desde nuestro punto de vista, cómo se ha desarrollado la instrucción, con continuas filtraciones, curiosamente siempre al mismo periódico. Filtraciones que casualmente tampoco se han investigado; ha habido reuniones del juez con la abogada de la acusación particular, grabadas y publicadas por un medio de comunicación que cuestionan seriamente la imparcialidad de la instrucción; publicación de correos electrónicos impresos en papel que nada aportaban al núcleo duro de las investigaciones, pero que servían para destruir la imagen de la Infanta y su entorno familiar y que el juez dio por buenos sin molestarse en investigar el soporte informático de los mismos, etc., etc.

En este tema, muchos periodistas, políticos, autodenominados expertos y ciudadanos en general, dan por sentado que hay presiones para que la Infanta salga indemne, pero todos dan también por sentado que no hay esas mismas presiones en sentido contrario y dan por buena esa “curiosa” instrucción del caso. Aceptan y aplauden entusiasmados al juez, que parece tener tan claro el papel de la Infanta, que necesita más de 200 folios para intentar justificar su postura, aplauden que la imputación solo esté sustentada por la opinión subjetiva del juez, el sindicato ultraderechista Manos Limpias, cuyas caras visibles son Miguel Bernard, ex líder del desaparecido Frente Nacional e imputado por coacción y estafa como recoge hoy ABC; la abogada del mismo sindicato, Virginia López, que fue pillada de copas con el juez Castro, y el mismo medio de comunicación beneficiado con las filtraciones y cuyos titulares de prensa sobre el caso están más cerca del sensacionalismo que de la información.

En cambio, se critica muy duramente, se ven tejemanejes y presiones tras la decisión del fiscal del caso, de la Fiscalía General del Estado, de la Abogacía del Estado y de Hacienda al rechazar la imputación. Se da más credibilidad a un juez que hasta ahora sólo se ha movido entre indicios y suposiciones, a un ultraderechista imputado por estafa y a su abogada y a un medio supuestamente independiente que a organismos e instituciones como los mencionados.

Lo más llamativo es la falta de criterio al tratar los diferentes asuntos y el aparente desconocimiento del funcionamiento y la composición de muchas instituciones. Monarquía significa "gobierno de uno", lo que aplicado a los tiempos presentes se podría traducir con "reinado de uno". Es decir, la Monarquía no la representa una multitud (toda una Familia Real), sino el Rey y nadie más que el Rey.

La ventaja de la Monarquía es que la familia del Rey puede asumir la representación de éste si así lo decide, pero eso no cambia nada respecto de la titularidad de la Corona, que corresponde a UNO, no a todos. La Reina y las hijas del Rey forman parte de la cara visible de la Monarquía, pero ellas no son la Monarquía. Los consortes de las infantas ni siquiera son representantes auténticos de la Familia Real, son anexos irrelevantes de la Familia Real sin llegar a ser realeza.

Vimos muy bien cuál es el diferente trato que recibe el Rey como titular de la Corona y jefe de estado y cuál es el trato que recibe el Príncipe Heredero. Cuando el Rey no pudo asistir a la Cumbre Iberoamericana se dijo claramente que el Príncipe no podía sustituir al Rey como jefe de estado. Entre otras razones el problema reside en que no hay Ley Orgánica que regula el funcionamiento de la institución monárquica, y al ser el Rey el único representante legítimo de la Monarquía Española (= del estado), sus funciones no pasan automáticamente a otros miembros de la Familia Real, ni siquiera al Príncipe Heredero. De hecho, vimos que Don Felipe representó al Rey en la Cumbre Iberoamricana, pero sólo en algunos actos, no como jefe de estado, mientras tuvo que complementar su viaje con otros actos representativos de tipo cultural o económico. Por lo tanto, si ni siquiera el Príncipe puede asumir las funciones del Rey, menos aún lo pueden hacer las Infantas, por mucho que estén en la línea de sucesión (lo que de por sí no significa más que un más hipotético que efectivo derecho a suceder al Rey si faltasen todos los sucesores intermedios. Consecuentemente, no se puede confundir la Monarquía con la Infanta Doña Cristina. La Monarquía es el estado y al estado lo representa el Rey como jefe del estado.

Por consiguiente, los negocios del consorte de la Infanta los hizo un particular que hizo mal uso de su posición privilegiada y de los contactos que esta posición le permitía establecer gracias a su matrimonio con una hija del Rey. Los negocios no los hizo el Rey (la Corona) ni la Monarquía (el estado).

Y sin venir a cuento, se especula constantemente sobre una eventual abdicación del Rey, que evidentemente se quiere poner en relación con el asunto Urdangarín, como si se estuviera deseando desestabilizar a la Monarquía para echarle toda la culpa de todos los males que sufre España, cuando estos males son responsabilidad única y exclusiva de la clase política gobernante y que en nada cambiarían si se acabase con la Monarquía, que es la única garantía de mantener la unidad nacional, la estabilidad política y el prestigio internacional que la clase política ha ido arruinando legislatura tras legislatura.

Por más que algún político y periodista se emocione o se frote las manos pensando en la abdicación del Rey o la caída de la Monarquía, ésta seguirá, porque la opción republicana tiene una historia muy negra por más que ahora esté de moda manipular aquel período histórico para pintarlo de rosa, pero que en realidad tuvo mucho de terrorífico y poco de democrático y que nos llevó a una guerra civil y a una dictadura. Si el Rey aguantó en la Transición entre la extrema derecha, la extrema izquierda y la crisis económica, hoy hará lo mismo y mejor, porque cuenta con el Príncipe, un hombre muy preparado, mientras nuestra clase política oscila entre la mediocridad, la falta de sentido de Estado y la estulticia.

¡Larga vida al Rey!