Perspectiva histórica

por Amadeo-Martín Rey y Cabieses 

No hay duda de que no estamos acostumbrados a que los príncipes de las Casas Reales que reinan en Europa, y mucho menos en otras regiones del globo menos aficionadas a la luz y taquígrafos, sean imputados en procesos judiciales. El que eso haya sucedido a S.A.R. la Infanta Doña Cristina, Duquesa de Palma de Mallorca –a quien el Magistrado-Juez Castro llama en el auto de imputación "Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia" - nos atañe de un modo singular, como españoles y –en mi caso, al menos- como monárquicos. Las opiniones acerca de las consecuencias de este hecho difieren desde quien cree que supone la "débacle" para la Monarquía española –y en tal caso unos la llorarían y otros lo celebrarían- hasta quien considera que no hay mal que por bien no venga y que esa imputación –que es recurrible ante el juez y ante la Audiencia Provincial de Palma- pone de manifiesto la igualdad de todos los españoles ante la ley, proclamada por la Constitución y recordada por S.M. el Rey en su último mensaje navideño. Ahora bien, lo excepcional del acontecimiento no nos debe hacer olvidar que Doña Cristina no es, ni seguramente será en el futuro, el único miembro de una Casa Real que es judicialmente imputado. Entre las casas reinantes, el Príncipe Bernardo de los Países Bajos, esposo de la Reina Juliana, fue procesado en 1976 por el cobro de comisiones de una fábrica de aviones, la Lockheed. Eso supuso serias consecuencias para él. Pero la historia de las naciones hay que contemplarla con perspectiva. Ahora la popularidad de su hija la Reina Beatriz está en una de sus cotas más altas, a menos de un mes de su abdicación. También el Príncipe Laurent de Bélgica fue acusado en 2006 -sin llegarse nunca a probar- de desviar fondos de la Marina para pagar electrodomésticos y objetos decorativos para su casa. Hoy en día su padre el rey Alberto II de los Belgas sigue siendo firme garante de la unidad de aquel país. Entre las familias reales no reinantes, el rey Leka de los Albaneses fue expulsado de España en 1979 por tenencia ilícita de armas, pero logró retornar a su país de donde estaba exiliado, donde murió en 2011 y donde está enterrado. El Príncipe Víctor Manuel de Saboya, Jefe de la Casa de Saboya, condición ahora discutida por su primo el Príncipe Amadeo de Saboya, duque de Aosta, sufrió varios problemas judiciales de los que salió afectado en su fama entendiéndose actualmente que, si ya tenía difícil recuperar el trono que ocupó su padre el rey Humberto II de Italia, ahora tal eventualidad podría considerarse como imposible. 

Hecha la salvedad de que debemos respetar el auto que el Magistrado-Juez mandó el pasado 3 de abril, y las sucesivas decisiones judiciales, y que conviene esperar acontecimientos, sin condenar antes de que lo haga quien puede hacerlo, es importante tener en cuenta que la Corona como institución está por encima de las personas que la encarnan, que pueden equivocarse. Lo mismo que España, como nación, está o debería estar más allá de los errores de los políticos. Quien aduce que la Monarquía facilita la corrupción no desea contemplar los innumerables episodios de esa naturaleza en asentadas repúblicas, algunas de ellas muy cercanas. Fisichella escribió que un rey puede ser estúpido, malvado o corrupto, lo mismo que un príncipe heredero, e incluso pueden ser las tres cosas a la vez. Pero también un burgués y un proletario pueden ser estúpidos, malvados y corruptos, y la historia está repleta de ellos. 

 El que la buena fama cueste años conseguirla y minutos perderla no hace menos injusto el fondo de ese adagio. Los ciudadanos, ya no súbditos, somos demasiado proclives a aprovechar los comportamientos, a veces censurables, de príncipes y reyes, para cargar contra la Corona en su conjunto, sin sopesar ni valorar la enorme cantidad de beneficios que ésta ha procurado a España en los últimos treinta y siete años.

Amadeo-Martín Rey y Cabieses es Doctor en Historia y miembro de la junta directiva de la Asociación Monárquica Europea

Publicado en La Razón

Un estatuto para las Infantas de España

por Amadeo-Martín Rey y Cabieses

Sólo en dos países, España y Portugal, se usa el título de Infante para sus príncipes reales. Así como en Austria el título es el de Archiduque, y en Rusia los hijos y nietos de sus emperadores ostentan el título de Gran Duque, usando el de Príncipe el resto de los Romanov no casados morganáticamente. En nuestra nación la Ley de Partidas establecía que «Infantes llaman en España a los hijos de los Reyes» y así fue hasta que se extendió también a los hijos del Príncipe de Asturias. Todos ellos son Infantes por nacimiento. Pero los hay también «de Gracia», es decir, expresamente nombrados por el monarca. Como sucedió en 1994 con el Infante Don Carlos, nacido Príncipe de las Dos Sicilias y hecho Infante de Gracia por su primo hermano el Rey Don Juan Carlos. Por ceñirnos sólo a las mujeres, existen actualmente siete Infantas de España: Doña Pilar y Doña Margarita, hermanas del Rey; Doña Elena y Doña Cristina, hijas del monarca; Doña Leonor y Doña Sofía, hijas de los Príncipes de Asturias, y Doña Alicia, viuda del Infante Don Alfonso, Duque de Calabria, y madre del Infante Don Carlos.

La normativa referida a los Infantes de España está recogida actualmente en el R. D. 1368/1987 sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones de las Infantas de España? ¿Existe algún documento legal que establezca este particular? Pues no. Desde algunas instancias se ha reclamado sin éxito la elaboración de un Estatuto del Príncipe de Asturias y –yo añadiría– de los Infantes de España. En realidad, nunca ha hecho falta tal documento. Pero corren tiempos en los que, del mismo modo que la Corona se va a sumar a la Ley de Transparencia en la gestión de sus recursos, sus funciones y el proceder de los Infantes requerirían más definición.

Las Infantas de España acuden con frecuencia a diversos actos. Unas veces lo hacen representando a S.M. el Rey. Otras se representan a sí mismas. Pero todas las veces que una Infanta de España está presente en una ceremonia pública puede decirse que está –de alguna manera– representando a la Corona. Aunque actualmente todas las Infantas de España forman parte de la Familia del Rey, es decir, tienen lazos de consanguinidad con el monarca, sólo algunas –Doña Elena, Doña Cristina, Doña Leonor y Doña Sofía– son parte del reducido núcleo de la Familia Real y sus agendas se publican en la web de la Casa Real. Sin embargo, resulta evidente que la actuación de todas debe ser especialmente ejemplar. Las Infantas que forman parte de la Familia Real están consignadas en un registro civil especial, poseen pasaporte diplomático, pero no disponen de un fuero especial, como sí –en cambio– los ministros, senadores, diputados y otros muchos cargos públicos. Convendría que ese anhelado estatuto del Príncipe de Asturias, del que ya hablara en su momento –entre otros– el constitucionalista Antonio Torres del Moral, se definiera y extendiera a las funciones y cometidos de todos los Infantes de España. 

Amadeo-Martín Rey y Cabieses es Doctor en Historia y miembro de la junta directiva de la Asociación Monárquica Europea.

Publicado en La Razón

Euronews: La crisis de la monarquía española

Euronews (vídeo - véase a partir del minuto 5:20))

“Lo siento mucho me he equivocado y no volverá a ocurrir”. Hace casi un año, el rey de España pedía perdón. Desde entonces la monarquía está en el ojo del huracán.

La imputación tanto de la infanta Cristina como de su marido, Iñaki Urdangarin, en un caso de presunta corrupción es uno de los capítulos del ‘annus horribilis’ del monarca que empezó con sus disculpas. Una imagen inédita tras hacerse público que el monarca estaba de cacería en Botsuana con su país en plena crisis. Un secreto que trascendió porque el rey se rompió la cadera.

El gesto no dejó indiferente a nadie. El asesor y analista político, Antoni Gutiérrez-Rubí, cree que durante todo este tiempo la imagen del rey ha sufrido un mayor deterioro: “Esa rectificación se ha visto seriamente empañada por los acontecimientos que hemos ido conociendo y descubriendo con sorpresa y en algunos casos con incredulidad y no poco enojo en buena parte de la opinión pública que afectan de nuevo a la imagen del rey. Por lo tanto ha sido como una operación contundente pero hasta cierto punto fallida”.

Más allá del perdón los quebraderos de cabeza del rey habían empezado años atrás en Palma de Mallorca, ciudad en la que pasa sus vacaciones la familia real.

Un entorno ideal en el que el yerno del rey, Iñaki Urdangarin, fue tejiendo los contactos que permitieron al Instituto Nóos — una entidad sin ánimo de lucro que él mismo presidía — firmar convenios con varias administraciones públicas de Baleares.

Sus actividades, presuntamente irregulares, vieron la luz en la investigación del caso Palma Arena, un escándalo de corrupción detectado en los años en los que Jaume Matas, un exministro de Aznar, fue el presidente del Gobierno autónomo balear.

El periodista, Andreu Manresa, que lleva más de dos décadas trabajando para el diario El País, considera que este caso es el símbolo de toda una época: “Esta es la cáscara y el símbolo de una etapa de Gobierno en Baleares de Jaume Matas, exministro del presidente Aznar. (Matas) que fue condenado inicialmente a seis años de cárcel por uno de los episodios descubiertos tras esta cásacara. El Palma Arena se construyó urgentemente para realizar unos campeonatos mundiales de ciclismo y se gastó el triple de lo previsto. En la investigación de este sobrecoste se derivó hacia el supuesto enriquecimiento de Jaume Matas y el pago y el gasto de subvenciones.”

2,3 millones de euros pagados por el Gobierno balear al Instituto Nóos que han llevado Urdangarin a declarar ya en dos ocasiones como imputado por un presunto delito fiscal y otros de supuestos delitos de prevaricación, malversación, fraude, falsedad y blanqueo de capitales. Un daño irreparable para la confianza pública en la monarquía española.

“La infanta Cristina es copropietaria de la empresa patrimonial Aizoon en la que Iñaki Urdangarín personalmente efectuó los cobros y pagos por los que está imputado por tres presuntos delitos fiscales distintos”, explica Manresa.

La Casa Real sigue a remolque de la actualidad. El rey concede a la televisión pública una de sus contadas entrevistas, aunque no aclara el goteo de correos filtrados del caso Urdangarín, que revelan que el monarca estaba supuestamente al corriente de las actividades presuntamente ilícitas de su yerno e incluso le aconsejó irse a Washington para sofocar posibles escándalos.

Llegado este punto aparece otro personaje en escena. Corinna zu Sayn-Wittgenstein, una amiga personal del rey, llena las portadas. Le acompañó en la cacería de Botsuana y, según otro de los correos electrónicos publicados, habría hecho una oferta laboral a Urdangarin por recomendación del rey. Habla de sus presuntas gestiones para el Gobierno español, facilitando intercambios comerciales aunque no su papel no está claro.

La oposición pide una investigación y en la calle se abre la veda. El Teatro Victoria de Barcelona acoge un musical de (la compañía Dagoll Dagom y la productora Minoría Absoluta) que con el título de ‘La Familia Irreal’ pone en escena una sátira que caricaturiza con un gran surrealismo a los miembros de la verdadera familia real.

“La ciudadanía ha ido perdiendo el miedo y entonces dices por qué no se puede si se hacen parodias de religión, sociales, parodias políticas por qué no vamos a poder tocar la parodia del rey. Y se decidió tirar para delante intentando siempre provocar lo que se quiere, es decir, la risa, vamos a hacer reír con este tema porque da mucho más de sí y es que además la realidad ha llegado un momento en el que ha superado con creces la ficción”, dice Toni Albà, actor.

Si el recorrido del personaje de ficción está asegurado, los defensores de la monarquía ven en la Corona una garantía de estabilidad.

Pedro Schwenzer es el presidente de la Asociación Monárquica Europea, entidad que promueve la monarquía parlamentaria como forma de Estado. Reconoce que sí, que la imagen está algo deteriorada por cuestiones que poco tienen que ver con la institución sino con una persona unida a la familia real por matrimonio. Una crisis que no puede poner en tela de juicio su existencia: “Lógicamente la actuación ha sido muy indecidida de la Casa Real. Tenía que haber sido más decidida para salvaguardar el correcto desarrollo de la vida profesional del consorte de una de las infantas y quizás no se quería llamar la atención y se ha dejado que las cosas se desarrollasen solas sin tener en cuenta las repercusiones que podrían tener, que algunas operaciones puedan ser dudosas”.

¿Pero qué dice la legislación española sobre una eventual renuncia o abdicación del rey?. En la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, el catedrático de Derecho Constitucional, Marc Carrillo, nos explica que se trata de una decisión personal del jefe del Estado, que los ciudadanos no pueden promover en ningún caso. La figura del rey, según la Carta Magna, “es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”.

“Es una institución que responde a la historia, a criterios no democráticos en la medida en que el acceso al cargo es por herencia, la dimensión democrática de la monarquía es la que le da la propia Constitución cuando la incorpora como forma de Gobierno”, asegura Carrillo.

No obstante, sí que hay mecanismos para cambiar el modelo de Estado aunque el sistema es tan rígido que requeriría una mayoría cualificada de las Cortes.

Una laguna es el control de sus actividades, de su sueldo que es de 292.752 euros, cuatro veces más que el del presidente del Gobierno y de la asignación de la Casa Real.

“Entiendo que en el ámbito de la actividad pública del monarca eso debería ser sometido también a la Ley de Transparencia. Cosa distinta es la actividad privada que el jefe del Estado. Como persona responsable debe ejercer su cargo con la debida probidad y adecuación a los principios fundamentales básicos del Estado”, dice Carrillo.

En opinión de algunos expertos, es el momento de que la monarquía realice su propia transición y haga de la ejemplaridad cívica su norma. El futuro de la Institución está en manos del propio rey, como explica Antoni Guitérrez-Rubí, analista político: “Está en sus manos tener un final digno con un relevo ordenado o tener un final precipitado, deteriorado todavía más que no garantice ni el relevo ni la transición y que nos ponga al conjunto de la sociedad española en la tesitura de reflexionar muy a fondo sobre nuestra jefatura del Estado”.

Si instituciones milenarias como la Iglesia católica han conseguido dar un golpe de timón y renovarse, muchos creen que es el momento de que cunda el ejemplo.

Euronews, 05-04-2013