Marc Carrillo: 'La función moderadora del Rey'

No ha sido la primera vez que el Rey actúa tras la evidente incomunicación de los representantes políticos. Ante la situación de crisis económica, la prensa se ha hecho eco de la iniciativa del Rey de emprender una ronda de discretos contactos con el Gobierno, los sindicatos y varios economistas. Además, y con motivo de un acto público, ha hecho un llamamiento a la unidad de los partidos mayoritarios para afrontar la difícil situación. En una monarquía parlamentaria como la española, la actuación del Rey en este sentido, ¿tiene cobertura constitucional?

El artículo 56 de la Constitución establece que en su condición de jefe del Estado y de símbolo de su unidad, «arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones…». Objetivamente, las actuaciones que hasta ahora ha llevado a cabo se enmarcan en el ámbito de la función moderadora, que es propia de las monarquías parlamentarias como la sueca y que de alguna forma también ejercen algunos presidentes de repúblicas parlamentarias como la alemana o la italiana. Y sin que, en principio, puedan ser consideradas como una extralimitación del papel que la Constitución les atribuye.

Para entender el alcance de sus declaraciones recientes es preciso definir en qué consiste dicha función moderadora. Pues bien, antes que nada hay que precisar que de la misma no se deriva ningún poder decisorio del Rey que se traduzca en una potestas, esto es, en un acto jurídico vinculante que obligue a otros poderes públicos, como el presidente del Gobierno o el Parlamento. En absoluto. Se trata, por el contrario, de una función que tiene una finalidad meramente persuasiva derivada de la auctoritas, que ha de poseer el jefe del Estado para instar a los representantes de las instituciones representativas estatales y autonómicas y al resto de actores sociales (sindicatos, organizaciones empresariales, etcétera) a llegar a grandes acuerdos en momentos que por razones diversas así lo exijen. Se trata de allanar, de templar y, en definitiva, de moderar, en lo que sea posible, a fin de superar las contraposiciones, roces entre las diversas instituciones y actores sociales. Y sin que en ningún caso el Rey pueda decidir, pues ello le está vedado por la Constitución. Ahora bien, si los fines de su función moderadora fuesen eventualmente asumidos por los poderes públicos representativos, únicamente a estos correspondería tomar decisiones al respecto. Ya fuese mediante leyes de las Cortes Generales o decretos del Gobierno.

Como expresaba Bagehot, uno de los teóricos más significados del parlamentarismo y la monarquía británicas, la función de moderación se resume en poder estimular, aconsejar y advertir a los poderes públicos. Se trata, pues, de una función de sugerencia, de estímulo y de incitación. En este contexto, pueden inscribirse los contactos personales y, en su caso, como ahora ha ocurrido, los mensajes públicos mediante declaraciones genéricas dirigidos a las formaciones políticas y a los agentes sociales. En todo caso, es evidente que en una tesitura como la que ha motivado la actividad moderadora del Rey, se requiere que su comportamiento se vea guiado por la más exquisita ductilidad y prudencia institucional, a fin de no suplantar la legitima capacidad de decisión y de rechazo a la misma de quienes constitucionalmente la tienen atribuida: es decir, la mayoría de gobierno y la oposición parlamentaria.

Para un buen ejercicio de la función moderadora, el Rey ha de disponer del derecho a ser oído y, sobre todo, del derecho a ser informado. Por esta razón, es objetivamente correcta, no solo la lógica y periódica entrevista con el presidente del Gobierno como responsable primero de la política económica, sino también, como ha sido el caso, con la ministra de Economía. Por otra parte, en el ejercicio de la limitada capacidad para ejercer el derecho a su libertad de expresión, el jefe del Estado ha de poder dirigirse ocasionalmente a la sociedad a través de mensajes genéricos, al margen de la controversia política sobre temas específicos, acerca de asuntos que objetivamente se insertan en el ámbito del interés general. Siempre, con escrupuloso respeto a las legítimas opciones políticas del Gobierno de turno. Y, sin duda, con su conocimiento. A este respecto, que el Rey haya escogido el acto de entrega de los Premios de Investigación 2009 para hacer un llamamiento público y genérico a llegar a acuerdos o pactos para superar la crisis económica no puede suscitar reproche constitucional alguno.

Publicado en: El Periódico, 13-02-2010

Ante la crisis, Su Majestad el Rey ejerce su poder moderador

Ante la gravedad de la situación, si tenemos en cuenta las duras críticas que ha recibido la presidencia europea de Zapatero por parte de Alemania y Francia, y la reciente cumbre sobre la situación de Grecia, en la que se destacó también la grave situación de España y Portugal, parece evidente que el gobierno pierde las riendas.

Que S.M. el Rey haya decidido buscar un consenso entre los diferentes grupos políticos resulta acertado y convincente, aunque a la vez preocupante, porque demuestra que el ejecutivo no está en condiciones de encontrar soluciones para contrarrestar los efectos de la crisis económica ni de poner de acuerdo los diferentes grupos de intereses del país.

Un indicio claro de esta situación de gravedad son las últimas valoraciones de la prensa británica, que incluso no ha dudado en calificar a Zapatero de inmaduro, o también las reacciones airadas de la canciller alemana Merkel y del presidente francés Sarkozy a los primeros discurso de Zapatero tan alejados a la realidad que vivimos en España.

La amplia experiencia de S.M. el Rey acumulada especialmente durante la transición, es un gran valor al que no debemos renunciar. En una situación de impasse lo que hace falta es que el Rey se implique en la defensa de los intereses de España y del pueblo español.

La Asociación Monárquica Europea valora muy positivamente las iniciativas del Rey de saber de primera mano lo que piensan los diferentes grupos sociales y políticos del país para tratar de buscar una solución de consenso en la que se impliquen todos para garantizar que España pueda salir cuanto antes de la crisis económica. Es lo que se llama “poder moderador de la Corona”, un poder más moral que efectivo que sirve para aunar esfuerzos y encauzar las iniciativas políticas, económicas y sociales en la buena dirección.

¿Debe S.M. el Rey intervenir en el caso Haidar?

Estos días se ha levantado una gran polémica en relación con el papel que debería jugar Su Majestad el Rey de España en casos como él de la señora Haidar y que ha supuesto para el ejecutivo español un serio problema al ser incapaz de resolver la situación creada a partir de la negativa de Marruecos de permitir que la señora Haidar vuelva a su país y decidir ésta entrar en huelga de hambre para forzar al gobierno marroquí que evite un desenlace fatal.

Resulta a primera vista más que curioso que sea precisamente Izquierda Unida el partido que haya pedido la intervención del Rey, tratándose de un partido republicano que intenta por todos los medios desprestigiar a la Monarquía o de involucrarla en debates de desgaste para demostrar que la institución monárquica no sirve para nada.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha explicado que mandaron la carta al Rey porque se lo pidió la plataforma de apoyo a la activista de derechos humanos el 3 de diciembre, en su segunda visita al aeropuerto de Lanzarote, donde permanece Haidar.

En una entrevista de En Días Como Hoy de RNE, Lara ha respondido que "lo cortés no quita lo valiente" y que no tuvieron inconveniente "porque lo que está en juego es la vida de una persona con una firmeza tremenda".

El coordinador de IU ha afirmado que la propia Haidar le llegó a explicar en persona que está "dispuesta a llegar hasta el final" a pesar de sus dos hijos, "que pueden vivir sin su madre pero no sin dignidad".

La Casa Real les respondió el pasado 9 de diciembre transmitiendo la disposición del Rey a mediar cuando el Gobierno considere que es el momento oportuno. La Moncloa también ha recordado a IU que el único interlocutor con Marruecos en el caso Haidar es Moratinos.

Exactamente, la misiva firmada por el jefe de la Casa de S.M. el Rey, Alberto Aza, era la siguiente:

"Como sabe, corresponde al Gobierno la dirección de la política exterior. Desde el respeto a esa facultad constitucional Su Majestad siempre ha mostrado al Gobierno su disposición para realizar las gestiones necesarias en aplicación a dicha política.

El Gobierno considera que no es el momento oportuno para gestiones complementarias del Rey.

En este sentido, el Gobierno está llevando a cabo los contactos diplomáticos necesarios para solucionar la situación que está sufriendo la señora Haidar, si bien considera que no es el momento oportuno para la realización de gestiones complementarias por parte de Su Majestad".

Parecen obvias las malas intenciones de Izquierda Unida. Lara recurre a un asunto humanitario para crear polémica, involucrar al Rey en un asunto de gestión política y dejar en evidencia la posición del Rey.

Nos encontramos ante una situación compleja:

Por una parte queda patente -nuevamente- que el gobierno no es partidario de una clara separación de poderes. Es un poco difícil entender -aunque la experiencia ha demostrado que es así- que el Jefe del Estado esté sometido al poder ejecutivo, cuando por lógica y jerarquía el Jefe del Estado debe quedar en una posición superior al ejecutivo y, por tanto, poder decidir por sí mismo si es conveniente o no que intervenga personalmente en situaciones concretas.

Su Majestad el Rey no sólo tiene una trayectoria que es garantía suficiente para su buen hacer y su buen criterio a la hora de hacer valer su prestigio personal en la solución de conflictos, sino que su peso como Rey y Jefe de Estado y la alta consideración que tiene entre los reyes de los países árabes puede contribuir a resolver un conflicto que el gobierno ha llevado a un callejón sin salida.

Hubo otras ocasiones en las que S.M. el Rey ha tenido que intervenir por la incapacidad manifiesta del ejecutivo de manejar la situación. Recordemos la delicada situación de España creada por Zapatero por su falta de respeto a la bandera de los Estados Unidos, o aquella otra que surgió en relación con el suministro de gas desde Argelia. El caso Haidar es sólo un ejemplo más.

La Casa de S.M. el Rey sólo tiene razón en parte cuando dice que el asunto es competencia exclusiva del ministro de asuntos exteriores Moratinos. Precisamente las gestiones infructuosas y torpes del ministro han llevado a una situación que parece no tener solución y deja entrever la incomodidad del gobierno al tener que actuar con urgencia. Realmente no queda muy claro cuál es la verdadera intención del gobierno o cuál es el problema de fondo que impide resolverlo. Y ante tales situaciones, sólo queda la intervención del Rey como mediador en el conflicto de intereses.

Está claro que técnicamente se trata de un problema entre una ciudadana marroquí y su país de origen. Por encontrare ésta en territorio español al querer volver a su país, se ha visto afectado el gobierno de España.

Pero el trasfondo de la cuestión es el antiguo Sáhara Español y el escaso interés del gobierno español de seguir defendiendo la celebración de un refernedum de autodeterminación en el Sáhara que lleva ya pendiente desde el mismo momento en que España entregó el territorio a Marruecos a consecuencia del cambio de régimen en España y la amenaza de la Marcha Verde y de una guerra inminente con Marruecos por esta antigua colonia española.

La ambigüedad del gobierno en el asunto saharauí es la que le impide al gobierno tomar una determinación. Por una parte quiere seguir dándose la imagen de estar con el pueblo saharauí, pero por otra no quiere fastidiar sus relaciones con Marruecos, unas relaciones que no se sabe muy bien si realmente existen o en las que no queda claro qué tipo de política persigue España.

Pero lo que sí queda claro es que ante la situación creada por el mismo gobierno de Marruecos sólo cabe ya una mediación del Rey. Siempre se ha dicho que el único poder que tiene el Rey es el poder moderador, y precisamente por su prestigio y su peso como Rey es la persona más indicada para mediar en conflictos de esta índole.

El Rey no puede entrar en conflicto con el gobierno al plantear gestiones personales ante el Rey de Marruecos, porque tales gestiones tienen que estar coordinadas. Las intenciones de Izquierda Unida en este asunto son a todas luces malévolas. Lara debe saber perfectamente que la posición de la Casa Real no es independiente y que no puede actuar sin coordinación con el ejecutivo.

Tal vez la polémica sirva para reflexionar sobre el estado en que se encuentra la división de poderes en España, pues ya quedó manifiesta la precariedad de ésta en asuntos de la Justicia. El gobierno parece controlar absolutamente todos los poderes del estado y no dejar que cada poder decida por sí mismo lo que puede y debe hacer dentro de sus atribuciones constitucionales.

La Asociación Monárquica Europea aboga por la independencia de la Corona de los intereses partidistas de cualquier índole y su función moderadora en el caso de conflictos sociales, políticos y diplomáticos en los que el ejecutivo se muestra incapaz de encontrar soluciones, pero siempre con el objetivo de encauzar las posibles negociaciones y limar asperezas. Es precisamente la independencia de la Corona de toda gestión política de gobierno lo que da un valor supremo a la institución monárquica, y así debe seguir siendo. Vemos con recelo las intenciones de Izquierda Unida, un partido demasiado interesado en polemizar y desestabilizar a la Monarquía.

Latinoamérica necesita urgente la Monarquía

por Mario Santiago Carosini
Movimiento Monárquico Argentino


Nuestra querida región iberoamericana es hoy, como hace mucho tiempo ya, un gran enfermo institucional.

Ahora bien, ¿está en franca mejoría o la salud de sus instituciones se deteriora rápidamente?

La Medicina Republicana dice ¡no hay problema! Y trata de disimular la historia clínica del enfermo (que habla por sí misma).

Al mirar su evolución, observamos que su situación se deteriora aceleradamente presa de un gran cáncer, que origina, a su vez, otras profundas complicaciones no menos importantes. Decidida y claramente, la concentración del poder se va adueñando de todos y cada uno de los órganos institucionales. Luego de muchos años de práctica, los latinoamericanos hemos perfeccionado la más terrible y virulenta enfermedad de laboratorio, "el absolutismo republicano". Los "autogolpes" confirman esta tendencia.

Mientras el absolutismo es un eslabón antiguo de la evolución de la Monarquía hacia su altísima concepción democrática actual, en Latinoamérica constituye, para la República, el norte hacia el cual tienden irremediablemente sus esfuerzos. Una realidad por cierto repudiable en virtud de los sufrimientos y vejaciones que debemos soportar quienes tenemos la desgracia de vivir bajo las zarpas de este Monstruo Institucional, que toda dignidad pisotea y envenena nuestras naciones con la intolerancia que genera.

Haciendo un esfuerzo de simplificación tenemos:

REPUBLICA
=
PODER EJECUTIVO
+
PODER LEGISLATIVO
+
PODER JUDICIAL


Si a los tres poderes de la república les sumamos el Poder Real, tenemos:

REPUBLICA
+
PODER REAL (CORONA)
=
MONARQUIA



Con estos esquemas estamos en condiciones de entender por qué los tres poderes que funcionan en la república (también contenidos por la Monarquía) se transforman, como en el cáncer, de células benignas en malignas, dañando la salud institucional de la nación.

Las instituciones latinoamericanas son un claro ejemplo de desequilibrio funcional, reflejado en el continuo adelgazamiento de las atribuciones de los poderes legislativo y judicial en beneficio del poder ejecutivo. La concentración del poder forma parte de la dinámica institucional republicana. Ello se debe a que en estas instituciones no se encuentran representados los intereses de largo plazo (es decir, la natural inclinación de supervivencia de la nación a través del tiempo) sino los de corto (o cortísimo) plazo, generalmente ligados a las mezquinas conveniencias demagógicas del representante de los intereses de la nación y del pueblo por ella representada. Esto es así porque en el Rey está representado el Poder Moderador, el Poder de Reserva y el fundamental Poder Afectivo, generalmente desdeñado por la plutocracia republicana.

Dicho de otro modo, en la Monarquía moderna el Jefe del Estado (Rey) representa los intereses a largo plazo (es decir, a la nación misma) y el Jefe del Gobierno (Primer Ministro) a los legítimos intereses a corto y medio plazo (Teoría de las Dos Soberanías). Resulta imposible que ambos intereses puedan ser eficientemente reunidos en una sola persona (presidente).

En este caso, la historia nos enseña que el largo plazo es sacrificado en aras del corto plazo, lo urgente aniquila lo importante y la demagogia termina oprimiendo a los ciudadanos en medio de la inseguridad jurídica y la dictadura, legalmente entronizadas. Así la inflación, inversamente proporcional a la ética del gobierno, se adueña de nuestros ahorros y destruye nuestras ilusiones. La operación tenaza es completada por el endeudamiento irresponsable para engordar estómagos gubernamentales. La Constitución del Reino de Argentina, en elaboración, incluye soluciones novedosas para esto.

En la República latinoamericana el presidente posee la suma del poder público (Jefatura del Estado + Jefatura del Gobierno), pretendiéndose el absurdo institucional de que sea parte (jefe de partido político, en el gobierno) y árbitro (ejercer el Poder Moderador), todo al mismo tiempo.

Así vistas las cosas, es fácil entender por qué Latinoamérica es el paraíso de los golpes de Estado, los dictadores y la corrupción. Nuestro desequilibrio institucional llamado República nos lleva a esto, recurrentemente.

La solución es obvia: Monarquía cuanto antes, para hacer realidad la genuina división de poderes y evitar el pisoteo de nuestros derechos. Sin Monarquía no tenemos identidad, ni justicia independiente, ni fuerzas armadas despolitizadas. Sin Monarquía nuestras naciones seguirán teniendo el apellido de "bananeras".

(Publicado en Monarquía Europea - 1992)

La autenticidad de la Monarquía

Rey, Poder y Sociedad

Asistimos hoy en día a una lucha desenfrenada por el poder. Todos los hombres aspiran hoy al poder, aspiran a imponer cada uno su propia voluntad sobre los demás. Ya dijo Voltaire: "Hacer a todos actuar como yo quisiera, ese es mi poder." No en todas las épocas de la historia ha sido esa aspiración, la del poder en sí mismo, la primera de los hombres. La verdad es que, en ciertos tiempos y debido a determinadas circunstancias, parece como desencadenarse esta ansia de poder; el poder se maximiza como valor, como valor primordial entre los demás valores sociales. En otras épocas, en las que la Sociedad parece constituir un conjunto orgánico, no ocurre tal cosa. El poder político se convierte en la preocupación fundamental cuando han ocurrido profundos cambios sociales que han puesto en duda la existencia de un poder legítimo, con la consecuencia de que cuando tal cosa ocurre, cuando el poder se desliga de la autoridad legítima -la autoridad que el pueblo acepta como de origen divino o surgida de su libre consentimiento- es incapaz de producir ningún bien. No es constructivo. No logra edificar sus propios fundamentos. Sólo es capaz de destruir y, finalmente, de destruirse a sí mismo.

Es lo que vemos confirmado por la crítica situación que viven en la actualidad las repúblicas y alguna monarquía parlamentaria como la española, que se ven cada vez más sumidas en una crisis de identidad nacional y de los valores que son la base de sus naciones, como en el caso de Italia o Alemania, pero también otras como Venezuela o Bolivia, entre otras, donde el poder llamado democrático se encuentra en fase de descomposición o desvirtuación, perdiendo cada vez más el arraigo popular que lo legitima, porque sus dirigentes hacen y deshacen a su antojo sin respetar que el pueblo tal vez quiera optar por otros dirigentes u otro sistema. El poder no sirve ya al bien del pueblo, del estado, sino sólo a sí mismo. Y esta situación es especialmente pronunciada allí donde el régimen republicano se basa sobre fundamentos poco claros en cuanto a la voluntad popular y su constitución legítima y donde los representantes elegidos se convierten en dictadores que se apropian la voluntad popular para transformar al estado en un régimen totalitario.

Por otra parte, los mismos males se hacen patentes también en la Monarquía, donde el poder trata de arrinconar al Monarca, relegando a la Real Persona a actos puramente representativos o incluso decorativos, dictándole al parecer los contenidos de sus discursos, dispensándole en sentido figurado nada más que sonrisas cínico-benévolas, porque en realidad se trata de imponer una república de hecho que se disimula con un marco decorativo psicológicamente eficaz. Es, precisamente, el modo republicano de gobernar que, reafirmándose contínuamente como democráticamente elegido, hace que se llegue a situaciones de desgobierno, corrupción y pérdida de valores morales y éticos, porque el poder que no respeta la esencia misma del estado basada en la partición de poderes (Rey-Jefe de Estado - Ejecutivo - Legislativo - Poder Judicial), se tiene que traducir, necesariamente, en el cultivo de generaciones futuras oportunistas y carentes de todo respeto hacia los demás y a las reglas de de la democracia y la pacífica convivencia. El problema de las Monarquías parlamentarias actuales en Europa es que de facto el Rey queda sometido al poder ejecutivo cuando en realidad debería quedar situado por encima de éste para ejercer una función moderadora y vigilante en beneficio del buen funcionamiento de las instituciones conforme a los preceptos constitucionales, y aunque el pueblo quisiera que su monarca ejerciera funciones más efectivas (pues al criticar que un Rey no hace nada por falta de concederle poderes clave para determinadas situaciones), ya se encargan los políticos a que esto no sea así, porque lo que más parecen temer es tener una instancia que les vigile y corrija.

Uno de los más fatales errores cometidos por los que consideran el problema del poder como un mero problema institucional es la falaz suposición referente a las relaciones entre democracia y poder. Concretamente se da por supuesto que la democracia levanta obstáculos más formidables que cualquier otro sistema de gobierno al abuso del poder. Incluso la división democrática de los poderes entre muchos salvaguarda la dignididad y la libertad humanas contra el abuso del poder mayoritario. La realidad no confirma, en modo alguno, esta suposición.

La antítesis de la tiranía no es ni ha sido nunca la democracia ni ningún otro principio específico de gobierno, sino la síntesis de unidad en lo necesario, diversidad en lo accesorio y caridad en todo (entendiéndose la caridad como ecuanimidad).

Síntesis a la que es dífícil de llegar en un modo automático por procedimientos formalistas, sino que sólo puede ser inspirada por una mente humana; pero ha de ser la de un hombre sustraído en lo posible a todas las tentaciones de los intereses particulares, situado por encima de las luchas de los partidos, que haga del logro de este alto fin el único motivo de su existencia para el que nació y fue educado. En definitiva, por la mente de un Rey.

Una auténtica Monarquía significa lo contrario de cualquier ideología. Todas ellas, hasta las más antagónicas, podrán encontrar sus partidarios entre los miembros de la comunidad. Pero el estado monárquico no estará adscrito a ninguna de ellas. Sus planes y programas de gobierno, de mucho más largo alcance que los que hacen los estados hoy en día, -el poderlo hacer así es precisamente una de las ventajas de un tipo de estado capaz de extender su mirada a través de las generaciones- estarán inspirados en consideraciones puramente pragmáticas, nunca en abstracciones de tipo ideológico. Al quedar encarnada la cumbre y cabeza del estado por un hombre físico, de carne y hueso, no por una teoría ni por una abstracción, se vendrá abajo asimismo todo el sistema de ficciones sobre las que están edificados los modernos estados.

La forma política del mañana será la Monarquía, le guste al hombre de hoy o no. Esta evolución se realizará con la simplicidad de una ley natural. Hemos de preocuparnos sólamente de no caer mañana bajo el influjo del ayer. Esta Monarquía del mañana no puede, por tanto, aportar instituciones de ayer que hayan sido superadas. Lo que fue bueno ayer volverá mañana - en un plano más elevado, acompañado por algo nuevo, cuya bondad y valor de acomodación dependerá de nosotros.

Nada de esto debe interpretarse en el sentido de que la Monarquía represente una idea contraria a la idea democrática. La Monarquía -nunca se insistirá bastante sobre ello- no representa ninguna ideológía. El Rey es hoy más necesario que nunca porque las luchas partidistas son hoy más violentas que nunca, y el Rey es el único dirimente posible de estas luchas, con la mirada puesta en los supremos intereses del Estado. El Rey es, en definitiva, el único posible representante auténtico de la idea del Estado, dando exactamente igual a estos efectos que profese una concepción de la sociedad democrática o aristocrática, siendo incluso perfectamente posible, en última instancia, encuadrar una teoría legitimista dentro de unos auténticos principios democráticos sobre los que se edificara el futuro Estado monárquico.

Tampoco estará situada en el centro de gravedad de las preocupaciones estatales el hombre como entidad, sino lo estarán los hombres físicos de carne y hueso, con todos sus personales problemas. Problemas que se han hecho demasiado grandes y trascendentales en los tiempos presentes, para que pretendamos continuar abordándolos a base de un sistema de ficciones. Por eso es por lo que, como afirmó el doctor Canaval, la Monarquía es el único régimen posible de futuro.

(Editorial publicado en Monarquía Europea Nº 4 Año 2 Abr-Jun 1992, revisado y actualizado el 18-05-2008 para este blog. El Dr. Gustav Canaval fue un teórico austríaco de la idea monárquica en cuyos textos se basa este artículo)

El poder moderador

El Reto de la Monarquía

Vivimos tiempos turbulentos. Los cambios que se producen en el mundo, sobre todo en Europa, son tan vertiginosos que no nos dejan tener respiro entre uno y otro. Pero queda manifiesto con cada vez más vehemencia que lo que permanece inalterable son los valores tradicionales; es más, después de todos los intentos de borrarlos de nuestra vida, vuelven a resurgir con más fuerza.

La Monarquía es un valor tradicional ut supra. Declarada anticuada por los que pretendían ser los únicos representantes del progreso, renace como fénix de la ceniza. En el recuerdo de las gentes sigue teniendo valor y transmite confianza y cobijo para todos, cosas de las que necesitan especialmente nuestros conciudadanos europeos del este.

Pero no basta con recuerdos ni con símbolos. La Monarquía como institución suprema y moderadora tiene una función muy importante que ejercer: vigilar que se mantengan el orden y las buenas costumbres, la pacífica convivencia y la unidad nacional, que se respeten las leyes y las libertades. Para ello no es preciso que la institución monárquica ejerza poderes políticos; su actividad política es y debe ser independiente y universal, englobando al sentir general del pueblo que representa.

Ninguna democracia parlamentaria ha demostrado ser perfecta, nunca lo será. Pero cuando sus representantes, todos ellos pertenecientes a determinados grupos ideológicos y de intereses, empiezan a olvidar para qué están allí, sólo un poder puede llamarles la atención, un poder moderador: la Corona. El Rey de España ha demostrado muy bien saber estar a la altura de las circunstancias. Su toque de atención del mes de julio [de 1991] lo había medido muy bien. No escogió a nadie en concreto al que dirigir sus observaciones críticas. Dijo lo que el pueblo español piensa desde hace tiempo, advirtiendo que está vililando atentamente el buen funcionamiento de nuestra sociedad. Ello servirá para que se hagan esfuerzos por remediar los males que estamos acusando.

El Rey, hoy en día, no toma decisiones políticas. Eso está bien para evitar posicionamientos partidistas del soberano. Pero tiene un poder moral decisivo para el comportamiento de ciertos grupos sociales, pudiendo lograr tal vez mucho más que otro con poder efectivo.

La Monarquía tiene un gran reto: Demostrar que sigue siendo la mejor forma de estado, por preocuparse por cada uno de sus habitantes y todos juntos, por tomar permanentemente el pulso a la nación para reconocer dónde es preciso actuar, por arbitrar entre los diferentes grupos de interés y actuar como contrapeso en momentos de priducirse graves desequilibrios políticos o sociales.

Si en otros siglos se mantuvo demasiada anclada en el pasado y alejada del pueblo, hoy es lo contrario. La Monarquía en la actualidad está en buen camino y adaptándose con pasos gigantescos a los nuevos cometidos a ella encomendaos, como el llamado "poder moderador".

El buen hacer de la Monarquía servirá como ejemplo para todos aquellos países que duden aún qué sistema deben elegir. Y que la Monarquía debe ser la última en ser descartada como alternativa viable de reorganización del estado, queda muy bien patente en lo que dijo Álvaro d'Ors: "Si el regreso de las Monarquías fuese imposible, eso equivaldría a tener que darse por terminado el mayor y más brillante período de la cultura occidental. Mas, tranquilícense los de poca fé, porque nada autoriza a pensar así. La humanidad está sedienta de libertad y seguridad, y sólo la Monarquía reúne estas dos cualidades, porque sólo en ella el poder es paternal, al contrario de lo que sucede en los llamados regímenes de fuerza e incluso en las supuestas democracias, en las que el poder puede resultar despótico."

La Monarquía es la forma de estado más antigua, regular y natural, porque procede del poder paternal. Ella engloba los valores tradicionales de toda la nación. Por ello, está allí en el corazón de todos. Y eso podría ser la clave.

(Editorial publicado en Monarquía Europea Nº 2 Año 1 Sep-Nov 1991)