por Amadeo-Martín Rey y Cabieses
Los beneficios y servicios del soberano a la nación superan los problemas que le pueda causar.
Desde que se empezó a hablar del caso Urdangarín, se ha especulado mucho acerca de qué situación tiene ahora el controvertido yerno de Su Majestad en la Familia Real. Es fácil: es el marido de su hija la Infanta Cristina y como tal, según el Real Decreto sobre Registro Civil de la Familia Real 2917/1981, de 27 de noviembre, promulgado en tiempos en que era ministro de Justicia Pío Cabanillas, forma parte de dicha familia. En su art. 1º se establece que en el Registro Civil de la Familia Real, estudiado con brillantez por el académico Antonio Pau, se inscriban “los nacimientos, matrimonios y defunciones, así como cualquier otro hecho o acto inscribible con arreglo a la legislación sobre Registro Civil, que afecten al Rey de España, su augusta consorte, sus ascendentes de primer grado, sus descendientes y al Príncipe heredero de la Corona”. Y por supuesto en ese registro, celosamente custodiado, está inscrito el matrimonio de Doña Cristina con Don Iñaki, y los nacimientos de sus hijos. Otra de las normas que regulan aspectos relativos a estos temas es el Real Decreto de 6 de noviembre de 1987 sobre el Régimen de Títulos, Tratamientos y Honores de la Familia Real y de los Regentes.
La Europa coronada se ha visto salpicada con escándalos de diversa naturaleza –con manifiesta falta de la tan necesaria ejemplaridad– cuyas consecuencias para sus protagonistas han sido diferentes según el país, aunque en ningún caso han supuesto lo que algunos pretenderían, es decir, la defenestración del monarca, generalmente porque los pueblos entienden que los beneficios y servicios del soberano a la nación superan con mucho los problemas que le pueda causar.
Refiriéndonos sólo a las dinastías reinantes en los siglos XX y XXI, y dejando para mejor ocasión los líos de faldas y casos como los del rey Leka de los albaneses, expulsado de España en 1979 por tenencia ilícita de armas, o del príncipe Víctor Manuel de Saboya y sus acusaciones de homicidio en 1978, tenencia ilícita de armas en 1987, corrupción, tráfico ilegal de divisas, falsedad de documento público y favorecimiento de la prostitución en 2006, que aún están sub iúdice, podemos referirnos a varios episodios luctuosos de miembros de la realeza.
Quizá el más conocido sea el que en 1976 protagonizó el príncipe Bernardo de los Países Bajos, padre de la actual reina holandesa, que tuvo la peregrina idea de aceptar 1.100.000 dólares de la compañía aeronáutica Lockheed a cambio de facilitar la compra de aviones F-104. No se le juzgó porque la reina Juliana amenazó con abdicar y el Parlamento votó en contra de su procesamiento, pero donó el dinero así recaudado a la World Wild Foundation, cuya presidencia dejó, abandonó su cargo de inspector general de las Fuerzas Armadas, y sólo volvió a usar su uniforme en el funeral de lord Mountbatten y en su propia mortaja. Reconoció sus aventuras extramatrimoniales, de las que nacieron dos hijas ilegítimas, y donó en 1988 dos cuadros para dar 700.000 libras a la WWF, cuyo director le devolvió 500.000 para un “proyecto privado”.
Recordemos, por ejemplo, que la condesa de Wessex dimitió como presidenta de su agencia de relaciones públicas tras ser cazada en 2001 criticando a su familia política, o que Sarah Ferguson aceptó en 2010 recibir 500.000 euros por facilitar a un multimillonario el acceso al príncipe Andrés. El príncipe Laurent de Bélgica, hijo de Alberto II, fue acusado en 2006 –aunque nunca se probó– de desviar fondos de la Marina para pagar electrodomésticos y la decoración de su casa, además de conducir violando el límite de velocidad, apalabrar la venta de fotos de sus hijos, colarse en la clase business de un avión sin pagar o desplegar controvertidas tácticas diplomáticas. A la princesa Marta Luisa de Noruega se le echó en cara en 2002 usar su título para promocionar sus giras con el Coro de Gospel de Oslo y se le afeó el hecho de que ganara dinero leyendo cuentos para niños en televisión.
Se dice que –ya antes del estallido del escándalo– estaba previsto que la Infanta Doña Elena y su hermana participasen menos en actividades públicas o de representación, pero desde luego el que un miembro de la Familia Real disminuya, o aún suprima, dichas actividades no afecta a su pertenencia a ese reducido círculo. Los miembros de la Familia Real –a diferencia de la Familia del Rey, demás parientes del monarca, de los que trata la disposición transitoria tercera del R. D. de 1987– tienen opción a suceder en el trono –directa o indirectamente-, pueden representar al Rey, dentro y fuera de España, y son personajes públicos. Pero para que dejen de pertenecer a la Familia Real no basta una decisión del Rey o de su Casa, sino que se debe efectuar un acto positivo y legal de apartamiento que no se ha producido. Así, mientras no exista una resolución judicial en su contra o no se modifique la Ley, Iñaki Urdangarín seguirá perteneciendo a la Familia Real, lo que no habría impedido que el llamado Duque de Palma de Mallorca hiciera motu proprio una renuncia a aparecer en actos públicos hasta que no se declarase su inocencia. Ese apartamiento lo ha hecho el propio Monarca. Y la Casa del Rey ha prometido transparencia en sus cuentas. Dos sabias decisiones que confiemos sean eficaces en el fortalecimiento de la monarquía.
*Amadeo-Martín Rey y Cabieses es doctor en Historia y profesor de Dinastías Reales.
